El Gobierno teme que la represión italiana desvíe a los 'ilegales' a España
A pesar de desmentidos, matizaciones y guiños, España mantiene una discrepancia abismal respecto a la nueva política migratoria puesta en marcha por el Gobierno italiano, que incluye la tipificación de la inmigración ilegal como un delito castigado con penas de cárcel. Por eso ayer, el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, mostró su «preocupación» por el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo Berlusconi.
Actualizado: GuardarY aunque López Garrido dejó claro en público ante su homólogo italiano, Andrea Ronchi, su «respeto» por las decisiones de las autoridades del país transalpino, también hizo hincapié en el desacuerdo con una decisión que «afecta a otras naciones del entorno, a donde pueden desviarse flujos migratorios».
Tras reunirse en Madrid con el ministro de Política Comunitaria de Italia, el ex portavoz parlamentario socialista admitió la discrepancia «de fondo» que Madrid y Roma mantienen sobre la política migratoria. La reciente decisión de Berlusconi «puede derivar flujos de forma desproporcionada no sólo a España, sino a cualquier otro lugar de Schengen», señaló López Garrido.
El representante del PSOE subrayó que la existencia del espacio Schengen de libre circulación obliga a los países miembros a avanzar hacia políticas comunes. La decisión del Gobierno italiano, sin embargo, «no nos parece la vía que debe seguirse» para solucionar los conflictos que surjan en este campo. López Garrido fue aún más severo en sus palabras y consideró «ilusorio pensar que un país pueda resolver solo el problema de la inmigración», que por afectar a toda Europa «sólo puede ser abordado por el conjunto de la UE».
