Solbes encauza la financiación autonómica
El vicepresidente Solbes está conduciendo con su proverbial y socarrona habilidad el arranque de la difícil negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, sin que durante estos prolegómenos en los que empiezan a sentarse criterios haya asomado ni una brizna de belicosidad, a pesar de que, según algunos conspicuos hermeneutas de la actualidad política, la «bilateralidad con el Estado a la hora de establecer la financiación de Cataluña establecida en su renovado Estatuto justificaba por sí sola el melodramático España se rompe» con que fue acogida la Carta catalana.
Actualizado:Para disponer de argumentos de autoridad, Economía había creado en su Instituto de Estudios Fiscales una comisión de 26 expertos que ha producido un informe que, en síntesis, defiende que es en el ámbito «multilateral», o sea en el CPFF, «donde se fija el sistema de financiación». Pero el informe comparte asimismo el diagnóstico de Montilla sobre las graves «deficiencias» del modelo que ha regido hasta ahora, ya que genera excesivas diferencias en la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos.Como es natural, «el objetivo es que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales». Para asegurar tal igualdad, un fondo del Estado compensa a las comunidades autónomas cuyos ingresos no cubren tales gastos. El criterio es inobjetable, pero ahí radica precisamente la discrepancia entre Cataluña y las demás comunidades: Cataluña cree que es injusta la garantía de igualdad total y pide que el Estado limite la aplicación de este fondo de solidaridad a salud, educación y asuntos sociales, lo que reduciría la aplicación del fondo estatal a entre el 65% y el 75% de los gastos; lógicamente, las autonomías que más se benefician de la situación actual se oponen a cualquier reforma, pero es evidente que estamos ante discrepancias negociables porque no encierran una controversia ideológica irreductible. Todo indica que la solución final estará a medio camino entre la propuesta catalana y la situación actual, que efectivamente genera lesivos desequilibrios y deja incluso sin recursos suficientes a alguna de las regiones teóricamente más ricas.
Quedaba pendiente de resolver el problema de la bilateralidad, consagrada por el nuevo Estatut. Como es lógico, el reparto de la tarta que corresponde al conjunto de las autonomías ha de acordarse en un marco multilateral. Y también Solbes ha resuelto el problema con la mayor sencillez: primero se producirán contactos «bilaterales» con cada autonomía, después el Gobierno formulará su propuesta, que se debatirá en el CPFF para cerrar un acuerdo, que luego se plasmará en las comisiones mixtas del Estado con cada comunidad. De este modo, y como ordena el Estatuto catalán, la financiación provendrá en última instancia de la negociación bilateral que se produzca en la Comisión Mixta Administración Central-Generalitat.
La simplicidad de los desarrollos políticos cuando cunden la flexibilidad y la cordura es una premonición de lo que asimismo podría hacer el TC con los recursos presentados contra el Estatut, con las facilidades que ofrecen el lenguaje forense y la habilidad jurídica de quienes en este caso han de aplicar el Derecho: una sentencia interpretativa podría fácilmente salvar por elevación ciertas incongruencias internas del texto estatutario sin necesidad de dramatizarlas ni de suscitar un grave problema político.