Un Berlusconi serio y severo se estrena contra la basura y la inmigración ilegal
Berlusconi celebró ayer en Nápoles su primer Consejo de Ministros, que abre cinco años de legislatura decisivos para reflotar o hundir definitivamente Italia, y pareció muy consciente de su responsabilidad. Fue un nuevo Silvio Berlusconi el que se presentó en escena. Ha practicado el papel estas semanas con un sorprendente silencio ante la prensa, sobriedad en los tonos e incluso un talante dialogante con la oposición. Ayer, el magnate se mostró serio, conciso y hasta severo, sin temor de resultar impopular y con la mano fácil para abrir la puerta de la cárcel. Apenas hizo dos chistes en una hora, probablemente su mejor marca hasta el momento.
Actualizado: GuardarLa batería legislativa inaugural del centroderecha, en cuatro horas de reunión, se basó en tres grandes temas de impacto: basura, inmigración ilegal y medidas económicas para aliviar a las familias con recortes de impuestos y ayuda en las hipotecas. Berlusconi fue contundente con el problema de los desperdicios de Nápoles, que dura quince años y que en su último repunte lleva cinco meses apestando la ciudad. «He venido a decir que el Estado ha regresado (...), a solucionar esta situación que no es propia de un país civilizado», sentenció. «Es la hora de decisiones dolorosas, de tomar medidas como en un terremoto o una erupción volcánica», advirtió. Nadie quiere un vertedero en su pueblo y ningún político pretende enemistarse con sus votantes. Pero Berlusconi abrirá ocho nuevos depósitos, aunque no dijo dónde, y serán considerados «lugares de interés estratégico nacional», vigilados por el Ejército.
El otro gran frente de medidas, contra la inmigración ilegal, es el que más interesa a Europa. El llamado «paquete de seguridad» estrecha los controles sobre los extranjeros sin papeles y los convierte en delincuentes. La inmigración ilegal será un delito penado con cárcel, como quiere la Liga Norte, pero en realidad los detalles están en el aire. La batalla pasa al Parlamento.
Una de las medidas más polémicas es la confiscación de los pisos que se alquilen en negro a extranjeros clandestinos, y otra da potestad a los alcaldes para exigir unos ingresos mínimos y seguro médico a los ciudadanos comunitarios que residan en sus municipios -léase, más que nada, rumanos y gitanos-, con el poder de expulsarlos si no cumplen los requisitos.
