Revisión agraria

as propuestas de la Comisión Europea para readaptar la Política Agraria Común a las necesidades de una UE ampliada, a las nuevas demandas del mercado y a los desafíos derivados del cambio climático o la gestión del agua se enfrentan a las reticencias de algunos de los ejecutivos con un relevante peso del sector -entre ellos, España- y de organizaciones de agricultores y ganaderos. Los recelos se explican por la determinación de la Comisión de recortar progresivamente hasta un 13% las ayudas directas a los mayores productores, a fin de orientarlas hacia el desarrollo del medio rural, y de avanzar en la desvinculación de las subvenciones a explotaciones concretas. Pero lo paradójico es que las mismas medidas que las autoridades comunitarias creen precisas para responder a la nuevas necesidades alimentarias son interpretadas por los discrepantes como una desregulación perjudicial en un momento de escasez y carestía en los productos básicos. Las discrepancias vuelven a poner de manifiesto las dificultades para revisar la política que mayor presupuesto absorbe de la UE -el 40%-, pero también las tensiones entre los defensores de la continuidad del modelo proteccionista y quienes abogan por una mayor liberalización. En este sentido, la supresión de las ayudas por cultivos específicos podría desincentivar a los agricultores en un contexto en el que factores como el mayor consumo en las potencias emergentes está comprometiendo el abastecimiento de alimentos. Pero son precisamente esos riesgos, así como los obstáculos para reacomodar un gigante como la PAC a los nuevos requerimientos de los mercados y los consumidores -las cuotas lecheras no se eliminarán totalmente hasta 2015, cuando España ya está generando menos de lo que necesita-, los que obligan a revisar una estrategia que ya no se enfrenta a los mismos retos para los que fue diseñada.