Retiran la acusación de asesinato para la procesada por el crimen de La Viña

La falta de pruebas que acrediten la autoría de Inmaculada Astorga en la muerte de la anciana de la calle Paco Alba ha sido determinante para que las acusaciones retiren la petición de una pena por asesinato y homicidio en la antesala del momento de deliberación del jurado popular. Este giro de última hora no ha salpicado al otro procesado, José María Diaz, hacia el que se dirige en exclusiva la acusación de haber empleado el cuchillo de cocina en repetidas ocasiones contra Dominga Ramírez hasta provocarle la muerte en el conocido crimen de La Viña.

La sesión de ayer en la Audiencia Provincial se cerró con las calificaciones de los hechos que hacen las partes en función de las pruebas mostradas durante el juicio. La sorpresa vino de la mano de los dos abogados que defienden los intereses de las hijas de Dominga, que se adhirieron a las tesis de la fiscal jefe en cuanto a la participación de Inmaculada Astorga en el crimen. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular modificaron sus peticiones iniciales y cambiaron la pena por asesinato y homicidio (en el caso de los abogados de la víctima) a la de simple encubridora. Este cambio sustancial reduce considerablemente la condena solicitada por las partes que venían defendiendo la implicación plena de la procesada.

La Fiscalía pasa de 23 años a tres meses y los letrados de la familia, de 24 años a 12 meses. Pese a que coinciden en el tipo de delito, la Fiscalía reduce aún más su solicitud de pena porque aplica la atenuante de dilaciones indebida en grado muy cualificado. Ya lo advirtió la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, en el arranque del juicio, cuando anunció que los casi diez años transcurridos desde que apareciera el cadáver de la anciana en su partidito viñero, era una circunstancia que había afectado a los procesados, sin que hubieran tenido responsabilidad alguna en retrasos en el procedimiento; lo que se iba a traducir, por parte de la Fiscalía, en beneficios en forma de atenuante.

Por caminos diferentes

El largo proceso por el que ha atravesado esta causa, con una serie de recursos que han llegado hasta el Constitucional que determinó la nulidad del juicio celebrado en 2002, tiene una doble visión en las acusaciones, que en este punto emprenden caminos completamente opuestos. La Fiscalía defiende que sí existieron unos retrasos injustificados; mientras que la representación letrada de la familia de Dominga rechaza de plano que se aplique una atenuante por este motivo y menos en su grado superior. La propia complejidad del procedimiento que terminó en una nulidad y en la obligación de repetir las actuaciones judiciales desde el inicio de la vista oral, son motivos más que suficientes, a juicio de la acusación particular, para que hayan pasado casi diez años. En la jornada de hoy, cuando se expongan los informes finales de cada parte, los abogados de la familia explicarán que en la cadena de recursos también participaron los procesados que se opusieron a la anulación del juicio.

Por su parte, la defensa, que sigue insistiendo en la inocencia de sus patrocinados, también subrayó ayer las dilaciones como una distorsión sufrida en este caso y que ha jugado en contra de sus clientes.

La situación para el marido de Inmaculada es diametralmente opuesta. Salvo la rebaja que le aplica la Fiscalía en su petición de condena por las dilaciones, las acusaciones dirigen contra él los cargos por el asesinato de la anciana viñera. Ángeles Ayuso fijó ayer en diez años menos su solicitud con respecto a la que realizó al inicio de la vista oral, y pasó de 23 a 13 años y 3 meses. Las acusaciones particulares, al no compartir las tesis de los retrasos, elevaron hasta los 25 años su petición.

A diferencia de su esposa, José María tiene en su contra el testimonio de un testigo que le culpa de haberle entregado parte de las joyas de la difunta al día siguiente de su muerte para que las vendiera, alegando que eran de una tía suya que se había marchado de viaje. Ese testimonio estuvo respaldado por el del comprador final y su hermano, que estuvo presente en el momento de la transacción. Además existe una declaración en Comisaría en la que se confesaba. Si bien su letrado ha tratado a lo largo del juicio de desacreditar este documento, atacando directamente a la investigación policial, defendiendo que la toma de la declaración en Comisaría fue irregular y que su cliente pudo ser dirigido durante el interrogatorio.

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