La «x» y la Cruz

Una gran parte del debate Iglesia-Estado se circunscribe a la convicción por la Iglesia de afirmar la existencia de un derecho natural al que debe de adecuarse dogmáticamente el derecho positivo. Sin embargo, la concepción moderna del Estado de Derecho que se nutre en la concepción kelseniana del derecho, niega la existencia del derecho natural fuera del derecho positivo. En un Estado democrático de derecho, es evidente que la Iglesia no puede imponer, sí sugerir, al Estado la visión que tiene del derecho natural, porque contraviene la esencia propia de la democracia, de tal forma que si así no fuera, el Estado de derecho que debe conceptuarse como aconfesional, debe defenderse con el uso legítimo del derecho por sus instituciones. Ahora bien, las leyes que configuran el ordenamiento representan la expresión de la soberanía popular, pero ni representan la verdad última, ni tampoco son expresión del concepto abstracto de justicia. Representan lo que los españoles a través de las Cortes deciden que será la norma de convivencia en tanto esa norma esté vigente, con las limitaciones constitucionales que no de derecho natural, de inspirarse y no contravenir los valores superiores del ordenamiento, que deberán ser interpretados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, en las democracias constitucionales, se deciden por mayoría las leyes, que ni mucho menos es decidir por mayoría la «verdad» o la «bondad» como principios intrínsecos que deberían acompañar siempre a toda norma de derecho. De ahí que se pueda estar en contra de una ley, que a su vez es necesario por obligatoria acatar.

El problema subyace cuando un Gobierno o el partido político que lo sustenta, relaciona la crítica a determinadas leyes con la supuesta ubicación de éstos fuera del arco democrático, porque no sólo se puede criticar la acción de gobierno, sino también la del parlamento, ya que tampoco éste está en posesión de la verdad, sí de la mayoría, que es condición en principio suficiente para normativizar la regulación de los comportamientos sociales.

La exteriorización de los comportamientos del actual Gobierno se visualiza en lo económico en camuflar la situación de crisis que padecemos y que padecíamos antes de las elecciones y en lo social en el ataque sin piedad a la Iglesia. Ya lo dijo Pepiño y lo corroboró el presidente del Gobierno, «...ya nos veremos las caras...», como reacción socialista ante la «indignante» y «supuesta» instrumentalización política de la Iglesia por el partido de la oposición antes de las elecciones. Y las caras han sido vistas por las dos partes, para zanjar «unilateralmente por la vía de los hechos» una cuestión vulgar, el dinero de la financiación, considerado como cuestión colateral dado el problema de fondo existente, pero del máximo interés para la parte «financiada».

El derecho fundamental a la libertad religiosa consagrado en la Constitución no puede ser el detonante que justifique obviar el entronque de nuestras raíces en la tradición cristiana, todas las parcelas de la vida en occidente, están imbuidas en ella. Seguro que el progreso social en estas latitudes tiene mucho que ver con ello. La pretendida autofinanciación de la Iglesia no puede significar que el Estado se desentienda de su sostenimiento económico de forma absoluta como parece pretender este gobierno que rezuma progresismo de pacotilla por los cuatro costados.

Si hacemos un análisis pormenorizado de la implicación real de la Iglesia en la economía española directa e indirectamente nos sorprendería y a buen seguro a más de uno se le caería la cara de vergüenza. Sólo unos datos: 1º. Enseñanza: con el mismo número de alumnos, un centro público cuesta al Estado tres millones de euros más que uno concertado (fundamentalmente éstos son religiosos). El alumno en la pública cuesta alrededor de 3.600 euros, mientras que en la concertada 1.900 euros, amen de ser socialmente más valorados estos centros que aquellos. Es una mera cuestión de análisis de la oferta y la demanda. El número de alumnos así escolarizados es de 1,8 millones de niños y niñas. 2º. Hospitales: los 107 hospitales religiosos existentes ahorran al Estado una cantidad equivalente a 50 millones de euros al año por establecimiento. 3º. Centros asistenciales: compuestos por ambulatorios, asilos, centros para minusválidos, transeúntes y de enfermos terminales, disponen de 51.000 camas, suponiendo ello un ahorro en costes equivalentes según servicios prestados de 4 millones de euros por centro. 4º. Centros de reeducación social: los 365 centros de estas características acogen 54.000 personas socialmente marginadas como ex prostitutas, ex toxicómanos y ex presidiarios, que ahorran al Estado medio millón de euros por cada centro, considerando los costes asumidos por los centros gestionados por las administraciones. 5º. Orfanatos. 110.000 niños acogidos en los 937 centros de esta naturaleza, ahorran cien mil euros por centro a las administraciones en su comparativa de costes con los de esta. 6º. Cáritas con 155 millones de euros, campaña de Manos Unidas con 43 millones, Domund 21 millones, todo ello salido del bolsillo de los ciudadanos... Sólo un inciso al respecto, la ayuda de Cáritas por la catástrofe del tsunami en el sudeste asiático, duplicó la que envió el Estado español. 7º. Conservación del patrimonio histórico-artístico eclesiástico: el 80% del gasto total es asumido directamente por la Iglesia.

El que fuera secretario de Estado de Control Presupuestario y artífice de nuestra convergencia europea y adaptación al euro, el catedrático de economía don José Barea, mantiene que el ahorro al Estado por la asunción por la Iglesia de su actividad social antes descrita, asciende a 31.000 millones de euros. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente ¿Quién financia a quién? Su contestación es suficiente para responder a los interrogantes abiertos en este intento de desprestigio por la izquierda de la Iglesia y que son los siguientes: autofinanciación, ¿es realmente España el país occidental que más dinero da a la Iglesia? Y ¿realmente tiene la Iglesia privilegios medievales de carácter económico?

Si las empresas miden su capacidad de intervenir en el mercado por los conceptos de eficiencia, eficacia y productividad, yo les sugiero a católicos y no católicos marquen la «x» por mera cuestión de racionalidad económica. La «cruz» que le ha caído a la Iglesia también lo merece.