La Fiscalía responsabiliza a cinco altos mandos militares de la muerte de 62 soldados en el Yak-42
Sostiene que los acusados habrían evitado el siniestro si hubiesen inspeccionado los aviones alquilados para trasladar tropas
Actualizado: GuardarLa Fiscalía de la Audiencia Nacional responsabilizó ayer del siniestro del Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, a cinco militares que desempeñaban altas responsabilidades en mayo de 2003, a las órdenes del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. El fiscal del caso, Fernando Burgos, les acusó de «imprudencia grave» porque considera que incumplieron su obligación de inspeccionar los aviones alquilados para trasladar tropas pese a que conocían las quejas formuladas por algunos mandos sobre las «lamentables» condiciones de seguridad.
El fiscal culpa del desastre al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, máximo jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del desarrollo de las operaciones internacionales; al ex jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta, y a tres subordinados suyos, que habían constituido un 'grupo de control' para supervisar los vuelos contratados para transportar soldados, pero que «jamás» inspeccionó un solo avión: el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada.
Negligencia
El responsable de la acusación pública, que no incluye a Federico Trillo en su lista de acusados, denuncia que la «absoluta falta de diligencia» fue a su entender decisiva para el fatal destino que corrieron los pasajeros de aquel vuelo, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003. Fernando Burgos limita su acusación a la muerte de los 62 españoles, y obvia que en el desastre fallecieron también los doce tripulantes ucranianos del aparato.
En sus conclusiones, el fiscal insiste en que hay «datos objetivos» que acreditan el «alto riesgo» que suponía para las tropas españolas volar en aviones alquilados a países de la antigua URSS. Riesgos que, subraya, «eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa», que «si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales», aquel «vuelo nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia el siniestro no se hubiera producido».
Burgos, que hace cuatro años mostró escaso interés por este caso, alude en su escrito a varias quejas que inciden en la «absoluta» inaptitud de estos vuelos para trasladar personal.
