Jerez tiene tres policías para hacer cumplir 700 órdenes de alejamiento

El grave problema de violencia de género que padece todo el país se encuentra a la cabeza en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. La población parece cada vez más concienciada, y el Gobierno comienza a ponerse las pilas con una legislación diferente y más específica para estos casos que, sin embargo, no termina de ser aplicada de forma eficiente. Prueba de ello es la carencia de recursos materiales y humanos de las comisarías, como en el caso concreto de Jerez, cuya Unidad de Prevención, Asistencia y Protección dedicada a estas cuestiones cuenta únicamente con tres agentes, de los que tan sólo uno se encuentra en primera actividad.

Los números en este sentido son escalofriantes, ya que como denunció recientemente el Sindicato Unificado de la Policía, en la actualidad existen alrededor de 1.050 órdenes de alejamiento en vigor, de las que 700 se refieren a violencia de género y las otras 350 a violencia doméstica. Ello implica, por tanto, que los funcionarios destinados en la UPAP se enfrentan a diario a un trabajo para el que no terminan de dar abasto. La muerte de María Juana López, la primera víctima mortal registrada en Jerez a manos de su ex pareja, ha reabierto el debate sobre los recursos reales de que dispone la Administración para hacer frente a esta lacra social.

La jerezana, de hecho, consiguió que sobre su presunto asesino, Francisco G. A, pesara una orden de alejamiento fechada a 25 de marzo. Sin embargo, en esta ocasión se volvió a demostrar que la existencia de una orden judicial no evita que se produzca el delito. Junto a ella, además, la fallecida interpuso hasta cuatro denuncias contra el acusado, que tampoco influyeron en la voluntad del supuesto criminal a la hora de quitarle la vida.

La UPAP se encarga del control y la supervisión de todos los casos de maltrato que pasan por la Comisaría, atendiendo a tres variantes diferentes de riesgo. En el nivel bajo, los agentes deben hacer un seguimiento mensual de la situación de la víctima; en el medio, se vela por su seguridad a través del contacto directo o telefónico cada dos semanas, y en el grave se hace lo propio una vez cada siete días. Para desarrollar toda esta labor, los tres policías especializados realizan su actividad a través de los turnos correspondientes, con el inconveniente añadido de que dos de ellos son funcionarios en segunda actividad, por lo que no pueden ejercer el trabajo de calle si no van acompañados de otro agente en activo.

Estos profesionales también acuden al juzgado con las mujeres maltratadas cuando así ellas lo demandan, o a realizar cualquier otra gestión para la que necesiten algún tipo de asesoramiento o protección policial. Una función primordial para la que se necesitaría, como mínimo y según las fuentes sindicales, doblar el número de efectivos.

La situación, según el SUP, es del todo alarmante, puesto que la plantilla se encuentra con las manos atadas para desarrollar eficazmente su trabajo y proteger al total de 486 mujeres que en estos momentos se encuentran en riesgo en la ciudad. No en vano, y según datos ofrecidos por el Partido Popular hace algo más de una semana, Jerez es la localidad de toda la provincia en la que se da un número mayor de mujeres en situación alta de riesgo, es decir, de personas cuya vida corre un peligro inmediato.

El pasado año, la ciudad registró 391 denuncias por malos tratos, 135 menos que las interpuestas en 2006. Un descenso del que, lejos de lo que se pueda pensar, no se desprende una lectura positiva, como ya explicaron desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Según su directora, Dolores Virué, cuantas más denuncias se lleven a cabo mayor confianza se demuestra en las instituciones y en la sociedad en general, por lo que el incremento de estos recursos es lo que verdaderamente arroja algo de luz a un panorama realmente sombrío.

Apoyo y asesoramiento

Además del apoyo que se pueda obtener por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las víctimas de violencia de género cuentan con 18 centros del IAM repartidos por toda la provincia, donde se les presta información y asesoramiento mediante una ayuda integral, facilitada por expertos en diversos campos como el de la psicología o la abogacía. Otro de los servicios con los que cuentan estas personas es el de la teleasistencia móvil, destinado a aquellas mujeres que tienen una orden de protección, algo de lo que podía haber dispuesto María Juana López, en el caso de que lo hubiera solicitado.

Se trata de la posibilidad de recibir una atención inmediata las 24 horas de los 365 días del año, en cualquier lugar en el que se encuentren. Es un dispositivo que deben accionar en el momento en el que sientan que peligra su seguridad, por el incumplimiento de la orden de alejamiento de su agresor. En el primer trimestre del año, fue una veintena de jerezanas la que pidió este servicio, lo que supone que la demanda se ha duplicado con respecto al año anterior, y la concienciación e información de las víctimas es creciente.

Aunque a nivel de recursos aún queda mucho por hacer, también conviene reconocer que la aparición en Jerez del recién estrenado Juzgado de Violencia de Género ha supuesto un soplo de aire fresco y una celeridad en la tramitación de estos expedientes hasta ahora desconocida. Un claro ejemplo de ello es la instrucción del caso de María Juana, que en tan solo una semana prácticamente se ha finiquitado con la declaración de testigos e imputados. El próximo martes comienzan los trámites de elección del jurado popular, por lo que se prevé que el señalamiento del juicio se produzca para finales de año.

Hasta marzo de 2007, este órgano ha tramitado 213 procedimientos, y todas las previsiones apuntan a que se sobrepase el millar de expedientes en lo que queda de año. Cabe esperar, no obstante, que este juzgado no siga el ejemplo de tantos otros y acabe sobresaturado de trabajo y con la evidencia, una vez más, de que los recursos son insuficientes para responder a la tan elevada demanda.

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