1.554 asuntos pendientes
Según recoge la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la provincia de Cádiz se registraron en los juzgados 5.030 asuntos penales relativos a violencia de género. Pero esta cantidad de casos nuevos que se denunciaron el año pasado, los funcionarios tuvieron que sumarla al millar (1.434) que se quedó en tramitación al cierre del año anterior, los cuales no pudieron ser resueltos. Es la conocida bolsa de asuntos pendientes que ejercicio tras ejercicio el sistema judicial acumula en todas sus ramas jurídicas. Así, este año comenzó con una rémora de 1.554 asuntos (cien más que al término de 2006).
Actualizado: GuardarLa compleja estructura de la planta judicial gaditana, que dispone de más de una decena de partidos, es determinante para que no se alcancen los niveles mínimos de trabajo que fija el Consejo General del Poder Judicial para acreditar la necesidad de la puesta en marcha de un órgano de estas características. Pese a las miles de denuncias que se elevan al año, están repartidas en distintos partidos y, como la carga de trabajo que se contabiliza no es por el total de casos denunciados a nivel provincial sino por partido judicial, una ciudad pequeña como Cádiz no llega a ese mínimo legal, establecido en 2.500 asuntos penales por juzgado.
El TSJA plasmó en su última memoria que la solución está en la comarcalización. Y con esa vocación nacería el primer órgano especializado en la ciudad de Cádiz, que asumiría casos de localidades vecinas como El Puerto o San Fernando, pero esto requiere una reforma de la planta judicial, que a día de hoy sigue sin aprobarse. En esta misma tesitura se encuentra Algeciras, pendiente de esa modificación para asumir en su Juzgado de violencia de Género procedimientos derivados de otros partidos, como San Roque o La Línea.
Las medidas de protección impulsadas con la Ley Integral incluyen además un tratamiento específico desde el punto de vista policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han asumido la vigilancia de aquellas mujeres que solicitaban una orden de alejamiento para mantenerse lejos de su amenaza. Pero la realidad, sin necesidad de contrastes, ha demostrado que la falta de policías para custodiar a las miles de víctimas que anualmente piden protección hace poco efectiva esta medida.
