Fallece en Madrid el magistrado del Tribunal Constitucional García-Calvo

El magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo Montiel murió ayer en su casa de la población madrileña de Villaviciosa de Odón a los 65 años, según confirmaron fuentes de esta institución. García-Calvo, nacido en 1942 en la población leonesa de La Bañeza, era un jurista procedente de la carrera fiscal que desde la década de los setenta ocupó varios puestos en la magistratura hasta que en 1990 se convirtió en fiscal del Tribunal Supremo y, a partir de 1995, pasó a ser juez de este mismo tribunal y ponente de la sentencia que condenó en 1997 a la Mesa Nacional de Batasuna.

Antes de acceder al Supremo fue durante unos meses vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta de Alianza Popular, y en octubre de 2001 se convirtió en magistrado del Constitucional.

Varios cargos

Este jurista ocupó varios cargos en la administración franquista y fue gobernador civil de Almería durante menos de un año, tras la muerte del general Francisco Franco, con el último gobierno predemocrático.

Roberto García-Calvo, un jurista ultraconservador, era quizás el más firme opositor del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, que en la actualidad revisa el Constitucional. La ponencia de este recurso, que hasta el momento contaba con mayoría conservadora (de seis a cinco), pasa a ser controlada de nuevo por los progresistas, ya que un posible empate a cinco podría ser roto por el voto de calidad de la presidenta, de tendencia progresista.

Su actuación en esta institución se ha caracterizado, sobre todo, por oponerse a buena parte de las leyes que trataban de realizar una lectura progresista de la Constitución, como la de violencia de género o la del matrimonio homosexual (aún sin sentencia).

Su fallecimiento hará aún más urgente la renovación parcial de los miembros del tribunal, bloqueada por el enfrentamiento partidista entre el PSOE y el PP. Hasta ahora, y desde diciembre pasado, habían expirado los mandatos de la presidenta, María Emilia Casas, el vicepresidente, Vicente Jiménez, y de los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde, que deben ser renovados por el Senado. Desde ayer, los puestos por renovar ya son cinco, casi la mitad de los doce miembros que componen el pleno del tribunal.