La violencia de género provocó más de 5.000 denuncias en los juzgados de la provincia en 2007

El aluvión de denuncias sobre malos tratos que llega a los juzgados, comisarías y cuarteles de la provincia; la falta de medios policiales para afrontar las miles de órdenes de alejamiento que se autorizan cada año y una ley integral que nació para erradicar esta lacra social, pero que está necesitada de herramientas para que sea plenamente efectiva, hacen de la violencia de género una de las preocupaciones principales del ciudadano en materia de seguridad. En estos primeros cinco meses del año, ya ha habido dos mujeres que han perdido la vida a manos de sus ex parejas. Ambas habían pedido amparo a los poderes públicos en forma de denuncia y orden de alejamiento, pero no sirvió de nada, ya que las dos finalmente murieron.

Detrás de las deficiencias en los sistemas de protección para las víctimas de malos tratos está el volumen ingente de casos que llegan a los juzgados y al que a duras penas se le trata de dar una solución judicial y policial. Según recoge la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la provincia de Cádiz se registraron en los juzgados 5.030 asuntos penales relativos a violencia de género. Pero esta cantidad de casos nuevos que se denunciaron el año pasado, los funcionarios tuvieron que sumarlos al millar (1.434) que se quedó en tramitación al cierre del año anterior, los cuales no pudieron ser resueltos. Es la conocida bolsa de asuntos pendientes que ejercicio tras ejercicio el sistema judicial acumula en todas sus ramas jurídicas. Así, este año comenzó con una rémora de 1.554 asuntos (cien más que al término de 2006).

Para acabar con el silencio de las víctimas y animarlas a denunciar a sus agresores, la Ley Integral incluyó la especialización de órganos judiciales para dar un tratamiento específico a este problema social. Con este objetivo nacieron los 17 primeros juzgados de violencia de género con competencias exclusivas en esta materia en junio de 2005. Ninguno de ellos recayó en la provincia de Cádiz, donde se adoptó la fórmula alternativa de especializar 14 juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los distintos partidos judiciales.

A los dos meses de esta primera medida, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertaba de que el trabajo asumido por esos nuevos juzgados había superado con creces cualquier expectativa y ya se hablaba de la necesidad de refuerzos. Esta situación se agravaba aún más en los órganos que compartían estas tareas con otros procedimientos ordinarios, como ocurre aún en muchos de los órganos gaditanos de carácter mixto.

A finales de 2006 se constituía el primer juzgado de violencia de género en la provincia. Algeciras fue la ciudad elegida para disponer de esta nueva herramienta. Posteriormente llegaría el de Jerez, pero en Cádiz están pendientes de una reforma legislativa que permita la apertura de más órganos de estas características.

La compleja estructura de la planta judicial gaditana con más de una decena de partidos es determinante para que no se alcancen los niveles mínimo de trabajo que fija el CGPJ para acreditar la necesidad de la puesta en marcha de un órgano de estas características. Pese a las miles de denuncias que se elevan al año, están repartidas en distintos partidos y como la carga de trabajo que se contabiliza no es por el total de casos denunciados a nivel provincial sino por partido judicial, una ciudad pequeña como Cádiz no llega a ese mínimo legal (2.500 asuntos penales por juzgado). El TSJA plasmó en su última memoria que la solución está en la comarcalización. Y con esa vocación nacería el primer órgano especializado en la ciudad de Cádiz, que asumiría casos de ciudades vecinas como El Puerto o San Fernando, pero esto requiere una reforma de la planta judicial, que a día de hoy sigue sin aprobarse. En esta misma tesitura se encuentra Algeciras, pendiente de esa modificación para asumir en su juzgado de violencia de género procedimientos derivados de otros partidos como San Roque o La Línea.

Las medidas de protección impulsadas con la Ley Integral incluía además un tratamiento específico desde el punto de vista policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumieron la vigilancia de aquellas mujeres que solicitaban una orden de alejamiento para mantenerse lejos de su amenaza. Pero la realidad, sin necesidad de contrastes, ha demostrado que la falta de policías para custodiar a las miles de víctimas que anualmente piden protección hace poco efectiva esta medida. Los sindicatos fueron los primeros en alertar de este déficit y las muertes de mujeres como María Victoria o María Juana les dieron la razón. Como muestra, un botón: recientemente el Sindicato Unificado de Policía denunciaba que los cuatro funcionarios de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección, que trabajan en la Comisaría de Cádiz, tienen a su cargo 400 órdenes; una cifra que no da garantías plenas. Ahora, con la creación del nuevo Ministerio de Igualdad, con la gaditana Bibiana Aido al frente, el Gobierno busca un cumplimiento más efectivo de determinadas leyes como la que debe erradicar la violencia machista. El tiempo dirá.

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