La Cámara vasca acusa al Gobierno de permitir la tortura un día después de honrar a Piñuel

Mientras la fotografía de Juan Manuel Piñuel y una corona en su honor permanecían ayer solitarias sobre el monumento en honor a las víctimas del terrorismo situado en la explanada del Parlamento vasco, en el interior de la Cámara los representantes del tripartito, EHAK y Aralar unían sus votos para aprobar una resolución en la que acusan al Gobierno central de «amparar» de forma «sistemática» a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de torturas. Los grupos que respaldaron el texto consideran que los malos tratos no son «aislados» y que el Ejecutivo central no toma medidas para impedirlos. Socialistas y populares calificaron de «obscena» esta iniciativa, mientras que el propio José Luis Rodríguez Zapatero salía a la palestra para defender la labor de las fuerzas de seguridad y pedir «responsabilidad».

La unidad mostrada por todas las formaciones políticas tras el atentado contra la casa cuartel de Legutiano ha durado dos días. El miércoles, todos los partidos -incluido el PNV- comparecían de manera conjunta en el Congreso de los Diputados para condenar el asesinato de Piñuel. El jueves, el Parlamento vasco celebraba un acto inédito. Por primera vez homenajeaba a un guardia civil fallecido a manos de ETA. Apenas un día después, los grupos parlamentarios destrozaron la instantánea de aparente unidad. Las siete formaciones con representación en la Cámara se enzarzaron en una trifulca verbal en la que desapareció cualquier atisbo de consenso y que acabó con el dirigente popular Carlos Urquijo gritando desde el estrado «¿Viva la Guardia Civil!».

El origen

El origen de la bronca estuvo en una moción de Aralar. El texto reprochaba al Gobierno español su postura «sistemática» de «amparar sin excepción» a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas y rechazaba «el total amparo» de Rubalcaba a ocho guardias civiles acusados de presuntos malos tratos a los supuestos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola. La proposición no de ley pedía al Ejecutivo una investigación interna, la derogación del régimen de incomunicación y la grabación de los detenidos.

Antes incluso de que comenzase el debate, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, pidió a la representante de Aralar, Aintzane Ezenarro, que retirase la propuesta ante el «excepcional momento», tras el asesinato de Piñuel. La parlamentaria abertzale se negó. Argumentó que el «cruel atentado» no puede restar importancia «a otras actitudes que también son denunciables».

La defensa de Zapatero

A partir de ahí, los reproches se sucedieron. Pastor calificó la iniciativa de «obscena» y recordó que ETA utiliza la «tortura como pretexto». En una línea similar, Carlos Urquijo acusó a Ezenarro de no tener «decencia» por no retirar la propuesta, que tachó de «soberano despropósito».

La respuesta de los partidos que respaldaron el texto fue la contraria. Desde el PNV, Gema González de Txabarri afirmó que «no tiene que ver una cosa con otra» y acusó al PP y al PSE de «indecencia» por mezclar ambas cuestiones.

La polémica llegó hasta Lima, donde está Zapatero. El presidente del Gobierno pidió «responsabilidad» al Parlamento vasco, defendió la labor de las fuerzas de seguridad y calificó de «fuera de contexto» e «infundada» la iniciativa de Aralar.