Confirman la sentencia contra seis narcos de La Isla que traficaban con hachís y coca
Un nuevo recurso que trataba de invalidar las intervenciones telefónicas realizadas a un grupo de narcos de La Isla no ha prosperado en el Tribunal Supremo, que ha desestimado la petición de los letrados y ha confirmado la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial que los condena a penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión.
Actualizado: GuardarEsta causa tuvo su origen en el juzgado de Instrucción nº 2 de San Fernando, donde recayeron las diligencias abiertas a partir de las investigaciones llevadas a cabo por la UDYCO para detectar traficantes a media escala que operaban en 2001 en La Isla. Según aparece recogido en el fallo de la Audiencia, durante los seguimientos realizados a compradores identificaron a uno de los condenados, que acudía habitualmente a las zonas de movida de San Fernando donde entregaba pequeñas partidas a jóvenes consumidores.
A partir de ese momento y con los indicios recabados, los agentes solicitaron al juez que autorizara la intervención telefónica de este individuo, que fue identificado como José María Pérez Sevillano. El contenido de las conversaciones grabadas llevó a los agentes a los otros cinco condenados, algunos de los cuales suministraban cocaína al traficante del que partió la investigación policial.
Transcurridos varios meses, en el verano de 2001 el juez instructor autorizó la entrada y registro en los domicilios de los sospechosos. En las viviendas, los agentes encontraron partidas de cocaína y hachís, dinero en metálico y documentación relativa a operaciones bancarias que hacían los procesados con dinero obtenido del narcotráfico.
Estas pruebas sirvieron al tribunal de la Sección Cuarta para dictar una sentencia condenatoria que fue recurrida por los seis procesados.
Los argumentos esgrimidos por las defensas para obtener una absolución giraron en torno a la investigación policial: la falta de motivación de los autos que autorizaban las escuchas telefónicas y los registros domiciliarios o la falta de notificación al Ministerio Público de estos documentos judiciales han sido la base de los recursos; unas cuestiones que suelen repetirse en las causas por narcotráfico que se elevan al Supremo.
Pero en esta ocasión han sido desestimados porque el Álto Tribunal entiende que estas medidas judiciales están bien fundamentadas y eran propicias para el esclarecimiento de los hechos.
