FORO. Momento del debate que, moderado por José Blas Fernádez, se mantuvo en el Colegio de Graduados Sociales.
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«La situación en los juzgados es peor de lo que la gente pueda imaginar»

La jueza decana en Cádiz denuncia en unas jornadas sobre el estado de la Justicia las «graves carencias» que sufre la provincia

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En las películas se muestra a jueces venerables con su toga y su martillo imponiendo la ley con la ayuda de jóvenes abogados que, con su corbata de diseño o su falda de Prada, consiguen que triunfe la justicia. Pero cuando Tom Cruise le preguntaba a Jack Nicholson que si ordenó el Código Rojo el juez no tuvo que buscar el caso en un legajo perdido en un despacho, ni los funcionarios protestaron por al acumulación de casos pendientes. La cruda realidad, como analizaron ayer algunos de los principales agentes de la justicia en la provincia en unas jornadas organizadas por el Colegio de Graduados Sociales, es que la justicia está desbordada.

«La situación es incluso peor de lo que la gente puede llegar a imaginar», comentó la magistrada decana de los juzgados de Cádiz, Nuria Orellana. «Los jueces muchas veces no sabemos exactamente sobre qué tenemos competencias», insistía Orellana, que lamentaba que «nosotros (los jueces) dependemos del Consejo General del Poder Judicial, mientras que los funcionarios del Ministerio de Justicia o de la Comunidad autónoma, por lo que no tenemos competencia directa sobre ellos». Lamentó, además, que cuando hay una baja en un juzgado puede tardar «más de un mes en cubrirse, y cuando llega el profesional no está formado».

La falta de formación fue una de las causas esgrimidas por los participantes en el debate. «La Junta pierde mucho el tiempo con cursitos sobre la Unión Europea o la Constitución pero, por ejemplo, no le enseña a los funcionarios su función específica», comentaba Juan de Dios Camacho, magistrado-juez del Juzgado de los Social de Algeciras. Ignacio Pérez, el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Cádiz calificaba de «triste» el nivel de formación actual de todos los responsables de la justicia. «Precisamente el fallo es hablar de Justicia, que es un principio universal, lo que falla es el servicio público de aplicación de las leyes», sostenía. Dijo una de las frases más duras de la jornada: «A los abogados nos viene muy bien, si vamos a perder un juicio, que tarden siete años en condenarnos al cliente; a los jueces que no quieren trabajar les viene muy bien poder llegar a las 11 y que nadie les diga nada».

Los responsables del mundo de la justicia no escurrieron el bulto y reconocieron su culpa en el atasco del sistema judicial que, sin embargo «es el mejor que hemos tenido nunca», sentenció Camacho que, no obstante, añadió que «si me preguntan que si la actual situación de la justicia tiene arreglo diría que no». Eso sí, quisieron dejar claro que «muchas veces la prensa se queda sólo con lo negativo», como señaló Antonio Marín, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia. «El año pasado en Andalucía se resolvieron un millón setecientos mil casos y sólo quedaron 400.000 sin solucionar», insistió Orellana.

Como solución, Juan José Álvarez, que representaba al Colegio de Graduados Sociales, incidía en que «la mayoría de los casos debería solucionarse mediante medicación y no llegar a los juzgados, así se evitaría gran parte de la saturación del sistema».