Subir la luz
La propuesta de la Comisión Nacional de la Energía para que el Gobierno incremente la factura de la luz un 11,3% obliga al Ejecutivo a adoptar una pronta decisión en un asunto que inquieta a millones de consumidores, que han visto reducido su poder adquisitivo en los últimos meses por efecto del repunte de las hipotecas y de una inflación que sigue superando el 4%. La complicada metodología por la que se fijan las tarifas y la disparidad reiterada entre las sugerencias que efectúan en sus informes los técnicos de la CNE y el criterio que finalmente acaba aplicando el Ejecutivo han contribuido a generar un estado de confusión que se reproduce negativamente cada vez que se anticipa un eventual encarecimiento de los recibos. En este sentido, las difusas expresiones del ministro de Industria de que sólo se procederá a un repunte «razonable» de los precios necesita de una mayor concreción, que aclare si el Ejecutivo cree necesario en estos momentos recuperar el reajuste al alza de las tarifas a fin de acomodar los recibos al coste real de la energía. Esa adecuación tendría como objetivo propiciar una mayor concienciación social sobre el ahorro energético, pero, sobre todo, corregir el prolongado déficit tarifario que arrastran las compañías eléctricas; un déficit entre lo que pagan los consumidores y los costes de generación que se incrementó en 824 millones de euros en el primer trimestre del año por el encarecimiento de los combustibles y cuya contención pasaría, según la CNE, por elevar la factura ese 11,3% propuesto ahora.
Actualizado:La compensación de ese desequilibrio constituye un reto pendiente que el actual Gobierno se comprometió a corregir después de años de congelación de los precios y cuya resolución requeriría de un pacto negociado entre las distintas instituciones concernidas, además de una revisión de las prioridades en materia energética. Pero la evidencia de que el Ejecutivo limitó los cambios en el tramo final de la legislatura a una subida del 3,3% el pasado mes de enero, a fin de no generar malestar social en el período preelectoral, compromete ahora su credibilidad en la adopción de una medida que gravaría a las economías más débiles y cuya aplicación debería ir acompañada, tal y como propone la propia CNE, de una readecuación de la tarifa social a los ingresos de los usuarios y no a su consumo.