Zapatero pide a las autonomías más responsabilidad fiscal en la financiación

«No puede surgir de otro modo que a partir de un acuerdo entre todos» y debe ser «un equilibrio entre los intereses de todos para el conjunto siga avanzando». El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se expresó ayer así de claro al avanzar las reglas que deben cumplir el nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno fue contundente al afirmar que deberá definirse «a partir de un acuerdo entre todos» y dar como resultado un sistema que asuma el impacto de diversas variables, no sólo la población sino también «sus variaciones, la dispersión territorial, el envejecimiento de la población o la insularidad». También dijo que la reforma debe hacerse «a la mayor velocidad posible» y agregó que en el nuevo modelo las comunidades deberán implicarse más en la recaudación fiscal para sufragar sus gastos.

Zapatero hizo estas advertencias en su comparecencia en el primer pleno del Senado para explicar los ejes de la legislatura, entre los que ha situado el cambio del sistema de financiación. «Los ciudadanos, que son la justificación última de cuanto hacemos, salen ganando si el sistema asume al máximo los intereses del Estado, de su Comunidad y del resto de comunidades conjuntamente», dijo.

Rodríguez Zapatero subrayó que el nuevo sistema debe «mejorar la solidaridad», que es la que permite un «desarrollo equilibrado» del país, «haciéndola más transparente y vinculándola de modo efectivo a la dotación en infraestructuras y a la garantía de fondos suficientes para un nivel de servicios general para todos los ciudadanos».

En todo caso, recalcó que el Gobierno defenderá que el nuevo sistema implique mayor corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, «para garantizar que cada administración asume, en el momento de decidir sus gastos, la responsabilidad de conseguir los ingresos necesarios para ello», y que gaste los recursos que recibe de acuerdo a los objetivos a los que están destinado ese recurso.

Suficiencia financiera

El sistema, añadió, debe garantizar suficiencia financiera al Estado para que pueda desarrollar proyectos necesarios para el proyecto conjunto de España, como la construcción de infraestructuras interautonómicas, la financiación de servicios sociales como el sistema de atención a la dependencia y el impulso de planes territoriales como los que se hicieron en la anterior legislatura para Soria, Teruel, Jaén, Extremadura, León, Zamora y Salamanca, planes que, aseguró, tiene intención de prorrogar y extender a otros territorios si es necesario.

El portavoz del PP, Pío García Escudero, se ha mostrado dispuesto al diálogo, pero ha advertido de que los pasos dados hasta ahora han roto un sistema que estaba «aceptado por todas las autonomías para convertir este asunto en un 'sudoku' cuya solución no parece ni próxima ni posible, ya que ni siquiera los socialistas se ponen de acuerdo».

Las formaciones catalanas han instado a Zapatero a cumplir el Estatut, que establece que la reforma del sistema de financiación debe estar lista para el 9 de agosto. El portavoz de la Entesa Catalana de Progrès, Carles Bonet (ERC), ha advertido de que el Estatut «está en la UVI», mientras que el senador de CiU Jordi Vilajoana ha avisado de que un aplazamiento violaría la ley y perjudicaría no sólo al gobierno catalán, sino a todas las comunidades.

A ambos ha querido tranquilizarles Zapatero al asegurar que el Estatut «no está congelado» y recordar que ya se han cerrado varios traspasos y que se está trabajando en la transferencias de otras competencias.

Por otro lado, el presidente del Gobierno reclamó a los senadores que sean ellos quienes alcancen un acuerdo para la conversión de la Cámara alta en auténtica cámara territorial. Con esta iniciativa, el jefe del Ejecutivo ha reiterado su voluntad de reformar el Senado en esta legislatura, un proyecto que fue imposible de alcanzar en los últimos cuatro años. Ayer mismo su gabinete entregó a la Mesa de la Cámara Alta el informe redactado por el Consejo de Estado en 2006 sobre la reforma constitucional del Senado.