La defensa trata de sembrar dudas en el jurado sobre la actuación policial

La temperatura creció ayer unos cuantos grados en momentos puntuales de la segunda jornada del juicio por el crimen de La Viña. El duro interrogatorio que sometió el letrado del acusado José María Díaz al jefe de la brigada provincial de Policía Judicial obligó al magistrado que preside la sala a intervenir en varias ocasiones para evitar un enfrentamiento sin sustancia entre testigo y abogado. Ayer quedó en evidencia lo que será a partir de ahora la base de la estrategia de las defensas: introducir las suficientes dudas sobre la investigación policial en los miembros del jurado popular para así obtener un pronunciamiento favorable.

De nuevo, el procesado José María Díaz negó su participación en los hechos, tampoco supo aclarar por qué aparecieron dos pulseras de la víctima en su vivienda y rechazó de plano el contenido de su primera declaración efectuada en la Comisaría Provincial. En ella aparece reflejado que el acusado relató a los agentes que había entrado a robar en casa de su vecina Dominga Ramírez Ureba, de 79 años, pero que fue sorprendido por la anciana y en mitad del forcejeo que ambos mantuvieron la víctima se clavó un cuchillo en un costado. Aunque en el documento policial, el agente que ejercía de instructor del caso incluyó cómo el detenido hizo un gesto con su mano como si describiera un apuñalamiento.

José María Díaz aseguró ayer que acordó con los agentes declararse culpable porque le habían amenazado con inculpar a su familia y quitarle los hijos. A este testimonio se suma la queja que presentó su letrado, quien se levantó en mitad de la declaración en Comisaría porque entendió que estaban dirigiendo su testimonio para llevarlo a una confesión. Ese primer interrogatorio fue ayer largamente utilizado por la defensa de este acusado para sostener que su cliente había sido coaccionado.

Un bloque

Esta versión se topó con la férrea negativa del jefe de la brigada policial, el mismo instructor y el secretario que estuvieron presentes en esa declaración. Los tres agentes sí destacaron que era la primera vez que veían a un abogado marcharse de esa forma en mitad del interrogatorio, cuando tiene derecho a incluir modificaciones en el acta final o a no firmar el documento.

Para avalar la credibilidad de lo ocurrido en Comisaría Provincial, la fiscal subrayó mediante preguntas a los policías, que si hubieran introducido algún detalle que no hubiera sido relatado por el procesado se hubieran enfrentado a responsabilidades disciplinarias y penales, sobre todo porque en ese interrogatorio estuvo presente el comisario provincial.

Para desvirtuar la pulcritud de esa prueba, el abogado del acusado le preguntó a los agentes por qué mantuvieron a su cliente en las oficinas del grupo policial y no en los calabozos durante horas sin que hubiera prestado declaración; o por qué no aparece en el acta del interrogatorio que estaban presentes dos altos mandos policiales que sí asistieron. Ante esas preguntas, los policías respondieron que el acusado pidió no estar encerrado y como mostraba signos evidentes de nerviosismo, se optó por mantenerlo custodiado en una de las dependencias de la Comisaría. Por su parte, el instructor del caso argumentó que no es necesario incluir los nombres de todos los agentes que están presentes si no participan de forma activa en la declaración al sospechoso.

En la misma línea de argumentación, la defensa de José María cuestionó otros elementos de la investigación policial como la no recuperación de vestigios biológicos en el escenario del crimen o que no se analizara la voz de la persona anónima que llamó a la Policía Local, incriminando a un árabe que finalmente fue identificado y descartado del caso.

Más sorpresa causó entre los asistentes la actitud de Inmaculada Astorga, esposa del otro procesado, quien incurrió en numerosas contradicciones en su declaración de ayer; contradicciones en la que caía en apenas segundos. Así en un primer momento aseguró que durante el registro de su vivienda no pudo ver cómo la Policía encontraba las joyas porque la encerraron en una habitación; para a reglón seguido asegurar que los agentes fueron «a tiro hecho» al aparador donde fueron halladas, dejando entrever que habían sido colocadas allí para incriminarlos.

Su letrado dibujó el perfil de una mujer con deficiencias psíquicas y un pasado duro, con el fin de demostrar que su cliente es incapaz de cometer un crimen.

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