Escuela de Náutica
La noticia del posible derribo de un edificio singular como el del Instituto Náutico Pesquero, frente a la Caleta, no podía pasar indiferente. En un momento en que empieza a conseguirse una especial sensibilización popular con la protección del Patrimonio, fruto en buena parte de la política de la propia Junta de Andalucía en esa materia, sus responsables políticos debieron prever que ese anuncio iba a recibirse con rechazo. Y, previsores, haber explicado antes los argumentos que les llevaron, ya veremos si irremediablemente, a tomar esa decisión, no sólo impopular sino contraria a su propia política cultural. Con las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta, más parece que le ha sorprendido ese rechazo al derribo y así, en lugar de justificar ahora si es cierto que la patología del edificio hace imposible su rehabilitación, único caso admisible, se prefiere posponer una decisión final a la resolución del concurso. Y, llegado el caso, ampararse en la propuesta técnica de quien no procede, es decir, el que gane ese concurso, que habla expresamente de derribar el actual, de Náuticas, y construir uno nuevo.
Actualizado:Eso plantea un problema no menor: si la licitación ya está publicada, con presentación de ofertas hasta el 20 de junio, ¿se va a anular la convocatoria? Si, como dice el delegado, cabe la posibilidad de que el ganador haga un proyecto que salve la rehabilitación, total o parcial, los que concursen deberían saberlo. Porque, en una convocatoria abierta a todo el país, esa aclaración «a posteriori» podría ser causa de impugnación por quienes no tienen por qué leer la prensa local. No es lo mismo el presupuesto de un proyecto para rehabilitar que otro para derribar y construir. Si en el actual pliego de condiciones, se les exige que ese nuevo edificio sea «singular, emblemático y representativo como edificio público», ¿no se está descartando ya la rehabilitación? Tampoco se nos aclara cómo es posible, con la sóla rehabilitación, pasar de los actuales 9.600 m2 del edificio a los 24.000 m2 que espera conseguir el proyecto. El que quiera ganar ese concurso se ceñirá a las bases. Ninguno va a proponer menos espacio para un proyecto que se hace para ganar espacio. Por todo, es la Administración quien debe decidir antes qué quiere hacer con el edificio, rehabilitarlo o derribarlo, dejando a los contratistas sólo las soluciones técnicas para esa decisión.
Naturalmente, no han faltado quienes han querido pescar en este río revuelto, mezclando los casos del edificio de Aduanas y el de la Escuela de Náutica. La Aduana no deja de ser una muestra poco original, aunque ostentosa, de construcción ecléctica y sin estilo histórico propio, que entorpece, además, la vista de un edificio verdaderamente singular, como la antigua estación de trenes. El Náutico sí consigue la unanimidad de los arquitectos como inmueble único, importante, inscrito desde hace tres años en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Aunque es cierto que esta inscripción no implica, en sí, una protección legal, los objetivos de ese mismo Registro hablan de reconocer ese legado arquitectónico, acercarlo a la sociedad para propiciar su protección y valoración, además de estudiar las herramientas para proteger ese patrimonio. El Registro tiene sentido como camino hacia alguna protección, bien en el Catálogo General o en el Inventario de Bienes Reconocidos. Desde ese mismo Registro, fueron declarados bienes de catalogación general, en mayo de 2007, los gaditanos Cine Municipal y las Torres de la Luz, de Sevillana. No parece muy coherente con esta política de defensa del Patrimonio Andaluz derribar un edificio amparándose en que «aún» no ha conseguido la catalogación, aunque esté en vías de conseguirla. Como si fuera una carrera en la que el que llega antes que el procedimiento se libra de tener que proteger sus edificios históricos. Después de eso, no se les podría exigir a los particulares lo que la autoridad no cumple. Espero que se rectifique. Que las necesidades ciertas de crecimiento de la Administración, de las que depende tanto la economía de la ciudad, no se hagan a costa de derribar una cultura de la protección del patrimonio que tanto está costando arraigar. Por responsabilidad.