La deuda de las empresas estatales se dispara un 57% en los dos últimos años

La deuda de las empresas estatales se ha disparado un 56,7% en los dos últimos años hasta alcanzar los 18.080 millones de euros, en lo que supone la mayor subida para este tipo de sociedades dentro del sector público, claramente por encima de las autonómicas y las locales, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. El principal culpable de ese notable aumento de sus 'números rojos' son las inversiones en infraestructuras (obra nueva y mantenimiento de las ya existentes), sobre todo ferroviarias y aeroportuarias, responsables de ocho de cada diez euros de ese pasivo.

Llama la atención que, por el contrario, en ese mismo período el endeudamiento del Estado se redujo más de un 5% mientras que el de las comunidades autónomas aumentaba en la misma proporción, hasta alcanzar los 59.711 millones de euros, suma que se aproxima al 6% del PIB. En términos absolutos, no obstante, la deuda total de las administraciones públicas supone el 36,2% de ese PIB, con 379.568 millones, tras haberse aminorado en siete puntos.

Aena y Adif, las peores

No ocurre lo mismo con las sociedades de capital público, donde las del Estado engrosaron su pasivo casi 14 puntos básicos más que las autonómicas entre 2006 y 2007 y, a su vez, 24 por encima del aumento soportado por las locales.

Dentro de las empresas estatales, Renfe Operadora acumula 2.780 millones de deuda, frente a los 3.426 millones del Adif, el ente encargado de realizar y administrar las infraestructuras ferroviarias. La compañía responsable de los aeropuertos españoles, Aena, soporta a su vez otros 7.932 millones, debido en gran medida a las ampliaciones de las instalaciones de Barajas y El Prat.

En el caso de la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), la evolución ha sido la contraria, pues en ese mismo período ha recortado su endeudamiento en un 136%, hasta cerrar 2007 con noventa millones de euros. La explicación bien puede estar en que en 2006 entró en vigor una reforma legal que posibilitaba que dicho grupo pudiera ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado, con independencia de los recursos propios que genera con la actividad de sus empresas, además de suprimir la prohibición de que recibiera aportaciones o garantías de las administraciones públicas.