Los acusados apelan a la falta de pruebas para defender su inocencia por segunda vez

Las cámaras de televisión, las grabadoras y los micrófonos regresaron ayer a los pasillos de la Audiencia Provincial con motivo del segundo juicio que se celebra por el conocido crimen de La Viña, nombre que se le dio a la muerte de una anciana de 79 años, Dominga Ramírez Ureba, cuyo cadáver fue hallado la mañana del 2 de octubre de 1998 en su partidito de la calle Paco Alba, en Cádiz.

La expectación mediática obedecía a la rareza de ver sentados en el banquillo de los acusados a un matrimonio que fue absuelto en 2002 por un jurado popular. Pero el Tribunal Constitucional, tras un largo proceso de recursos, los devolvía a la casilla de partida, anulando su sentencia absolutoria y su condición de no culpables; una situación poco habitual en el sistema jurídico español donde no se puede enjuiciar a una persona más de una vez por la misma causa salvo que se obtenga una nulidad como así les ha ocurrido a José María Díaz Cosa e Inmaculada Astorga Romero, que a efectos legales se sometieron a una primera vista oral nula.

Esta pareja, que volvió a negar su autoría a través de sus abogados, se enfrenta de nuevo a una petición de 23 años que formula la Fiscalía por delitos de asesinato, allanamiento de morada y robo con violencia. Es la misma calificación de los hechos que realizó en 2002. Si bien, la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, que representa al Ministerio Público en esta causa, adelantó que pedirá una rebaja de la pena final que solicite. Ayuso explicó que los casi diez años que han transcurrido desde la muerte violenta de Dominga Ramírez suponen unos retrasos injustificados en el procedimiento. Es más, la fiscal jefe advirtió que aplicara una rebaja «como nunca lo ha hecho» para la atenuante de dilaciones indebidas.

La principal novedad de ayer estaba en la presencia de los dos letrados que defienden los intereses de las dos hijas de Dominga Ramírez, ya que en el primer juicio se quedaron sin letrado ni procurador antes de que comenzara la vista y les fue denegada la asistencia de profesionales de oficio. Este defecto procesal fue elevado por el Constitucional a motivo esencial para anular el proceso.

Con seguridad

Las nuevas acusaciones particulares fijaron su petición inicial de pena en un año más que la Fiscalía, aunque califican el delito principal como homicidio y no asesinato. En sus exposiciones, le explicaron a los miembros del jurado popular que están «plenamente convencidos» de que los acusados fueron las personas que entraron en la madrugada del 2 de octubre en la casa de su vecina para a escondidas robarle el dinero de su pensión y las joyas que la víctima lucía habitualmente. Pero al ser sorprendidos por Dominga, la apuñalaron con un cuchillo de cocina.

Para ambos letrados, el hallazgo de dos pulseras de la anciana en la casa del matrimonio son una prueba más que sólida de su participación en los hechos. Y recordaron que hay un testigo que reconoce que José María Díaz les entregó unas alhajas para que las vendiera y la Policía las localizó en poder del comprador final.

Un pasado sin mencionar

Tanto la Fiscalía como la acusación particular no hicieron mención al contenido y resultado del anterior juicio, aplicando la esencia más pura de la sentencia del Constitucional que al anular la vista oral le da la misma validez que si no se hubiera celebrado nunca.

En cambio, los dos letrados del matrimonio acusado se aferraron en su primera intervención al fallo absolutorio que se dictó en 2002 para tratar de convencer al jurado de que sólo «un error formal» ha devuelto a sus clientes al banquillo. Como ocurriera hace seis años, las defensas apelaron a la falta de pruebas como leit motiv de su estrategia para obtener la absolución. Para contrarrestar la principal arma de las acusaciones (el hallazgo de las alhajas), el abogado de José María Díaz atacó duramente el registro domiciliario que realizó la Policía. Aseguró que la no presencia de su patrocinado en esa inspección, desnudaba de garantías jurídicas esa prueba.

Esa afirmación provocó la réplica de la fiscal que le recordó al magistrado de la Sección Cuarta que preside el juicio, que ese registro domiciliario fue validado por el TSJA y que, por tanto, sus resultados pueden utilizarse como material probatorio. Por eso, solicitó que no se obrara de mala fe para ganarse al jurado popular.

Como antesala de su defensa, los letrados de Inmaculada y José María Díaz se apoyaron en una llamada anónima a la Jefatura de la Policía Local días después del crimen, que acusaba a un marroquí que residía en el entorno de San Juan de Dios. Esta clave de la investigación será desmenuzada en las próximas sesiones.

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