Zapatero decide abrir ya la negociación para el nuevo sistema de financiación

José Luis Rodríguez Zapatero opina que es el momento idóneo para iniciar la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, pese a que algunas voces socialistas -entre ellas las del presidente andaluz, Manuel Chaves- proponían analizar los pormenores de abrir ahora un debate de este calado económico, en un periodo de clara desaceleración. «A trabajar sin prisa, pero si pausa», recomendó ayer Rodríguez Zapatero en el transcurso de una reunión del comité federal del PSOE

La dirección socialista quiere que el futuro modelo, que regirá el criterio con el que el Estado transfiera sus fondos a las 15 comunidades autónomas representadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se apruebe antes de agosto y entre en vigor el año que viene.

El propio presidente Rodríguez Zapatero dijo que no se trata de un debate de territorios, sino de personas. «Estamos hablando de mejorar la sanidad y la educación», acotó. Aún así calificó como «lógico» que cada comunidad autónoma «ponga por delante» los criterios que más le convengan. «Para eso está la democracia», concluyó.

La opinión de Chaves

Manuel Chaves también tomó la palabra en el cónclave socialista y mostró su acuerdo con la posición del líder del Ejecutivo. Así lo explicó ayer José Blanco, secretario de Organización del PSOE. El presidente andaluz, según expresó Blanco, habría indicado que la principal preocupación que debe tener el Gobierno en este momento es afrontar las consecuencias de la desaceleración económica pero añadió, en palabras de Blanco, que entendía que era compatible el afrontar esta situación con abordar la financiación autonómica en este momento.

Sobre la mesa pesa el compromiso adquirido con la aprobación del Estatuto de Cataluña para llegar a un acuerdo de financiación en 2008, aplicable en 2009, y una fecha para un acuerdo básico: el 9 de agosto. «Solbes lo tiene presente para que pueda haber un cuadro general», según Blanco, quien insistió además en que el sistema final responderá a los criterios de igualdad, solidaridad y suficiencia financiera. El Estado, en cualquier caso, se reservará, en todo caso, más del 50% del gasto público total.

En el Estatuto de Andalucía también existe una cláusula similar. En concreto, la Disposición Final Primera dice, en su apartado primero: «La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y fiscales del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía debe concretar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Estatuto, las aplicación de los preceptos de contenido financiero del mismo». Esta plazo se cumpliría en marzo de 2009.

Equilibrio territorial

Este asunto también centró ayer la reunión de la ejecutiva regional del PSOE andaluz. Luis Pizarro, secretario de Organización, reiteró la apuesta de su formación para el nuevo modelo: mantener el equilibrio territorial y financiero existente en la actualidad; evitar cualquier fragmentación del sistema tributario y que no se genere privilegios para ninguna autonomía. Todo ello, indicó Pizarro, se puede lograr priorizando el criterio de población, tal y como defiende Andalucía.

El número dos del PSOE-A reclamó, por ello, al PP que «no ponga piedras» sobre el camino que eviten un acuerdo entre las fuerzas andaluzas con representación parlamentaria. Pizarro no tiene duda de que si en Andalucía se llega a un pacto, siguiendo lo aprobado en el Estatuto, sobre financiación entre PSOE, PP e IU, se daría un gran paso para cerrar el asunto de forma satisfactoria en todo el Estado.

Pizarro pidió que nadie se rasgue las vestiduras porque existan negociaciones bilaterales entre el Estado y cualquier comunidad. «Dialogo sí, pero el acuerdo final se hará por el consenso de todas las comunidades autónomas y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», sentenció.

Antonio Sanz, secretario general del PP-A, retó ayer a los socialistas a que apoyen la proposición no de ley que defenderá el PP en la que se demanda que el Gobierno de Chaves inste al Ejecutivo de Zapatero a rechazar cualquier negociación bilateral en materia de financiación autonómica, como, según los populares, pretende la Generalitat de Cataluña. Los populares abogan: «Por una negociación multilateral de la reforma del sistema de financiación autonómica en España».