El Comentario | Crisis y prioridades
Tomo prestado el título de este artículo del que publicó el pasado día 7 Felipe González en un periódico de Madrid, y en el que el ex presidente del Gobierno derramaba dosis de sentido común sobre una coyuntura francamente adversa en la que, por primera vez en trece años, los ciudadanos nos vemos obligados a enfrentarnos a una grave crisis económica mundial, a luchar con dificultad por mantener nuestro nivel de vida y a convivir con los fantasmas del paro, la inflación galopante y quién sabe si la recesión a medio plazo. Como afirma González, estamos ante «realidades nuevas que es difícil prever cómo se van a manejar y cuáles serán sus resultados en las relaciones de fuerzas mundiales, pero que es inevitable que tengamos en cuenta porque nos afectan directamente como país, como afectan al área de la Unión Europea en la que nos insertamos».
Actualizado:Pues bien: en estas circunstancias sombrías de incertidumbre, y aunque España está en condiciones ventajosas, el Gobierno ha optado como es lógico por «actuar anticíclicamente e incidir en inversión generadora de actividad y recuperadora del empleo que se está destruyendo» dando prioridad a las inversiones en infraestructuras, en la vivienda protegida, en la rehabilitación en centros urbanos, etc. Y es manifiesto que si ahora se abre el debate pendiente sobre la nueva financiación autonómica, podríamos frustrar estas actuaciones adecuadas, que tienen como principal objetivo paliar la crisis de la mejor manera posible, en beneficio de todos. En definitiva, González opina que lo lógico sería que «los responsables autonómicos, junto con los del gobierno central, los agentes económicos y sociales y los responsables políticos centrasen la atención en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo. Inversión más que gasto corriente hasta que veamos un nuevo horizonte en nuestra economía». Dicho más claramente, González piensa que habría que dedicar el máximo esfuerzo negociador de este momento a la política anticíclica que atenderá más claramente las necesidades inmediatas de los ciudadanos y que dejar para un momento posterior la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Tan sensata reflexión ha desencadenado sin embargo una tormenta en el tripartito catalán y la indignación explícita de Montilla, presidente de la Generalitat y líder de los socialistas catalanes. En declaraciones a Gabilondo el viernes y en una larga entrevista publicada ayer en El País, el sucesor de Maragall se ha mostrado inflexible con la obligación del Gobierno de cumplir el mandato contenido en el Estatuto de llegar con la Generalitat antes del 9 de agosto a «un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir del 2009». Si no se cumpliese el compromiso el riesgo sería grande «porque podría acarrear el desafecto con la política española y la certeza de que un sistema injusto debe ser sustituido». Y concluye el argumento con una amenaza: «de ahí a la reivindicación del concierto económico o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana sólo habría un paso».
Carece totalmente de sentido replantear la distribución de recursos entre el Estado central y las comunidades autónomas cuando aquél, por razones bien evidentes, necesita el máximo de recursos disponibles para frenar la caída en picado del bienestar social, la subida vertiginosa del desempleo o el agrandamiento de las bolsas de pobreza. Es poco cuestionable que las autonomías necesitan más presupuestos para mejorar los grandes servicios públicos que gestionan y que se han visto sobrecargados por los grandes flujos inmigratorios de los últimos años, pero también lo es que la prioridad en este momento es capear el proceloso temporal de una fuerte caída de la actividad y de la demanda que nos retrotrae a niveles de desempleo que parecían irrepetibles.
Es claro que sobre esta polémica planea la pésima relación existente entre Montilla y Zapatero, pero también lo es que quienes sostienen las riendas del Estado han de sobreponerse a las pequeñas ambiciones de quien en esta hora defiende intereses particulares sobre los generales del país. Así deben hacérselo entender el Gobierno y el Partido Socialista a quien, cuando todos nos estamos hundiendo, reclama para sí el único salvavidas.