opinión

Los bebés y el Estado existente

El anuncio del cheque bebé venía a paliar en su día la evidencia de que España está en la cola de Europa en cuanto a prestación pública para políticas familiares.

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En España representan, con el cheque-bebé incluido, un 0,8% del PIB mientras que la media de la Unión Europea lo triplica. El análisis sobre lo que sucede con la familia en España y en toda la Unión Europea queda incompleto sino se consideran los rasgos propios de una crisis antropológica. Las previsiones más actualizadas hacen de España el tercer país más envejecido del mundo en el año 2050. Una de cada tres personas será mayor de 65 años. Para mantener a largo plazo la población de ahora serían necesarios más de 100.000 nacimientos más cada año y, considerando la expectativa de vida, más de medio millón de nacimiento harían falta para lograr invertir la tendencia.

En las políticas de familia se plasma una aplicación óptima de los recursos estatales aunque la crisis del Estado fiscal se origina en la insuficiencia de los recursos fiscales para la multiplicidad de funciones que los votantes le exigen en un sistema democrático. Lo que ha ocurrido es que el mayor gasto público y la función redistribuidora del impuesto sobre la renta han llegado a una visible incompatibilidad. Tuvo que reducirse el listón de ingresos para recaudar más. Lo que era un traslado redistributivo de clases altas a más desfavorecidas se convirtió en gravamen general. Es el problema básico de la socialdemocracia: hacer compatibles un sector productivo controlado por el sector privado y una distribución de la renta igualitaria decidida por el Estado. Ahora la imposición directa va a perder terreno frente a la indirecta. Lo previsible es la desaparición del impuesto sobre la riqueza y el abandono de los intentos de redistribución de la renta por vía fiscal. De hecho, el sistema fiscal español ya ha comenzado a cambiar. La tributación según el IRPF ha bajado sustancialmente y asciende la recaudación por impuestos indirectos. El Estado se financia fiscalizando el consumo y abandona la vocación redistributiva.

En cambio, las políticas de la familia urgen. Para 2050, el impacto del envejecimiento de la población puede significar un incremento anual del gasto público en pensiones equivalente al 3,5% del PIB para los Estados miembros de la UE y que podría aumentar el gasto medio anual en atención sanitaria y atención permanente en un 2,7% del PIB, hasta 2050. Es un incremento medio anual total del gasto público de la UE del 6,2% del PIB en 2050.

También hay que hablar de paro, de nuevo en el horizonte de la España de ahora mismo. Amartya Sen suele insistir en que el desempleo es el mayor enemigo del Estado del bienestar: en primer lugar, supone una carga enorme para el Estado cuando se da un nivel alto de desempleo y, en segundo lugar, porque la ratio de dependencia va en incremento y pone el cuestión el propio Estado de bienestar, como está ocurriendo con el envejecimiento de la población. Para la primera cuestión, Sen sugiere incentivar económicamente la búsqueda de empleo, destinando a tal política recursos similares a los que se destinan al subsidio de desempleo. Para la segunda, con personas más longevas y más sanas, el límite de edad para la población activa pudiera prolongarse. En realidad, ¿por qué razón debiera precisarse una edad de jubilación? Si los mayores no se jubilan o retrasan su jubilación, no significa que los jóvenes tengan más dificultades para encontrar trabajo.