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Comienza el segundo juicio por el crimen de La Viña tras la anulación del Constitucional
El matrimonio acusado de asesinar a la anciana, absuelto en 2002, se enfrenta de nuevo al veredicto del jurado popular
Actualizado: GuardarEn la Audiencia Provincial volverá a revivirse a partir de hoy el final trágico de Dominga Ramírez Ureba, una anciana de 79 años cuyo cuerpo apareció cosido a puñaladas en su partidito de La Viña hace casi diez años (en la madrugada del 2 de octubre de 1998). Un matrimonio que vivía puerta con puerta con la fallecida se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados y se enfrentará al veredicto del jurado popular.
Los acusados ya sortearon un anterior juicio, celebrado en 2002, que concluyó en su absolución por falta de pruebas concluyentes. Pero tras un largo proceso de recursos, en octubre del año pasado el Tribunal Constitucional (TC) ordenaba repetir la vista oral. Esta decisión, que obtuvo el voto particular de la presidenta del TC, María Emilia Casas, amparaba a las hijas de la víctima, que se quedaron sin abogado ni procurador a las puertas del primer juicio. Esta circunstancia supuso un quebrantamiento de la tutela judicial efectiva a la que tiene derecho todo ciudadano. Si bien el dictamen del Constitucional estuvo precedido por un fallo del Supremo, diametralmente opuesto, y que venía a ratificar la sentencia absolutoria de la Audiencia. Ese tribunal enfrentó las garantías procesales que debe tener cualquier causa judicial con el derecho a la presunción de inocencia de los dos acusados, e inclinó la balanza a favor del matrimonio.
Este mismo criterio fue debatido en el Constitucional y la falta de quórum quedó de manifiesto con el voto de la presidenta del tribunal, que subrayó la sensación de inseguridad jurídica que queda tras volver a someter a dos ciudadanos al veredicto de un jurado que ya los absolvió.
Tras esta primera victoria legal, la familia de Dominga Ramírez tiene una segunda oportunidad a partir de hoy para lograr convencer, a través de sus abogados, de que José María D. C. y su esposa, Inmaculada D. A. son culpables de asesinato, robo y allanamiento de morada. Por estos tres delitos la Fiscalía reclama 23 años de prisión para cada uno. Pese a la primera absolución, la acusación particular está convencida de que la pareja acabó con la vida de la víctima. Así lo expresaba una de sus nietas a LA VOZ meses atrás, cuando supo que el Constitucional les brindaba un nuevo juicio. Para Rocío Cortés no había duda de quién asesinó a su abuela y sólo pedía que se hiciera justicia.
Pero esta seguridad rotunda no fue visible en el primer juicio. Echando la vista atrás y repasando las sesiones que se celebraron en la Audiencia en 2002, el letrado del matrimonio consiguió que el jurado admitiera que la confesión que su cliente hizo en Comisaría fue fruto de la presión policial y que las pruebas recabadas durante la investigación no incriminaban a sus patrocinados. Además, un giro inesperado a última hora vino a reforzar su versión, logrando al final una victoria ajustada. No hubo unanimidad en la decisión alcanzada por el tribunal popular. Las tesis de la defensa fueron respaldadas por cinco votos frente a cuatro en contra.
Las joyas
De la vivienda de Dominga Ramírez, los autores del crimen sustrajeron varias joyas, algunas de las cuales aparecieron en la casa del matrimonio. Uno de los testimonios que estaban llamados a debilitar su inocencia fue la de un individuo que reconoció a José María D. C. como la persona que le ofreció las alhajas de la anciana en la calle a cambio de dinero; un ofrecimiento que ante la Policía dijo que le habían hecho tras producirse el asesinato. En cambio, ante el jurado cambió un matiz importante de su declaración y aseguró que el acusado le había entregado las joyas antes de la muerte de Dominga.
Durante la instrucción, esa declaración junto a la confesión de José María D. C. y el hallazgo de dos pulseras de la víctima en el piso de los acusados fueron las pruebas que hicieron concluir a la Policía que tenían a los autores del crimen. Pero en el juicio fueron desvirtuadas hasta el punto de que el jurado no vio en ellas material suficiente para condenar a los procesados.
Visita al partidito
Ahora la acusación particular volverá a utilizar esta base para obtener una sentencia condenatoria. Aunque antes tendrán que transcurrir dos semanas de vista oral en la Sección Cuarta. En este primer día está prevista la elección del jurado y una visita al partidito de la calle Paco Alba, donde el tribunal popular podrá ver con sus propios ojos el escenario del crimen. Así se hizo en el primer juicio con el objetivo de facilitar a los miembros del jurado la reconstrucción de los hechos.
Mientras no se llegue a un veredicto, los acusados no tendrán que esperarlo con los ojos puestos en la cárcel. Ambos están en libertad, a diferencia de la situación vivida en 2002 cuando José María D. C. sumaba casi cuatro años de prisión preventiva y su mujer acababa de obtener la libertad provisional tras un año de presidio.
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