Zapatero pide a sus ministros más gestión y menos leyes

José Luis Rodríguez Zapatero se tomará el arranque de la legislatura con mucha tranquilidad. El presidente del Gobierno ha interiorizado que lo que ahora desean los ciudadanos es «calma y sosiego» y prepara un mandato, según avisan en el Ejecutivo y en la dirección del grupo parlamentario, con «menos iniciativa legislativa y más gestión política» que en los últimos cuatro años. En el mes transcurrido desde la investidura, la agenda de Zapatero ha tenido poco que ver con el frenesí de abril y mayo en 2004 y en su entorno dan por hecho que, hasta otoño, nada «echará a rodar».

El mismo presidente que hace cuatro años corrió para dar la vuelta como un calcetín a las políticas de sus antecesores y se empeñó en dejar constancia de su llegada a La Moncloa, se prodiga hoy bastante poco. En campaña electoral prometió que citaría de inmediato a los agentes sociales. El encuentro debía servir para llegar a un acuerdo que permita hacer frente a la «desaceleración económica». Pero ni aún se ha producido ni tiene fecha.

Es cierto que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, celebró esta misma semana un encuentro con los representantes de la patronal y los sindicatos. Sin embargo, en el Ejecutivo dan ya por hecho que será difícil firmar esa nueva declaración de diálogo social hasta después del verano. También dejan para el próximo período de sesiones la reunión de la Conferencia de Presidentes.

Zapatero prometió en una jornada negra de violencia machista que, en su primera semana de gobierno, convocaría a todos los dirigentes autonómicos para elaborar un plan de choque contra esta lacra en coordinación con las administraciones implicadas. De aquel anuncio nada se sabe.

La parsimonia con la que el presidente afronta los primeros días de su segundo mandato contrasta con la premura de otros tiempos. En los primeros cien días de Gobierno tras la victoria de 2004 Zapatero retiró las tropas de Irak, aprobó el proyecto de ley orgánica contra el maltrato a las mujeres, abrió el debate del matrimonio homosexual y derogó por decreto las medidas más polémicas de la Ley de Calidad de la Enseñanza impulsada por el PP y del trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional.

Prioridades

La intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la comisión constitucional del Congreso este miércoles fue elocuente. Esta cita, habitual en el inicio de la legislatura, sirve para marcar las preferencias del Ejecutivo. Habló de la reforma constitucional, que el PSOE sólo impulsará en el caso poco probable de un consenso mínimo; de la modificación de la ley electoral, que en la propia dirección del grupo parlamentario socialista se considera poco prioritaria, y de una ley integral para la igualdad de trato y la discriminación.

Sólo un asunto resulta espinoso: la modificación de la ley de libertad religiosa. Por eso su anuncio causó sorpresa incluso en las filas socialistas, que habían dado por hecho que en estos cuatro años el Gobierno evitaría sobresaltos y propuestas tan rompedoras y polémicas como la del matrimonio gay o de la memoria histórica. Tanto en la dirección del PSOE como en el Gobierno insisten en que, salvo en asuntos estrictamente necesarios -como Justicia-, los proyectos de ley saldrán con cuentagotas de los ministerios hasta otoño.