«Esto es una auténtica chapuza»

l 1 de julio de 2006 entraba en vigor en España la reforma de la ley de Seguridad Vial, que recoge la aplicación del carné por puntos. Las infracciones se pagan y además está en juego el permiso de circulación. El director general de Tráfico, Pere Navarro, reconocía abiertamente tres meses después que más de 2.000 ayuntamientos del país no se habían incorporado a la nueva base de datos de la DGT que computa las multas de la Policía local y, por tanto, recoge la pérdida de puntos de las sanciones municipales. Sólo Cataluña y País Vasco entraron desde el primer momento en este registro. Santiago Córdoba, responsable del departamento jurídico de Automovilistas Europeos, ha calificado la situación actual de «auténtica chapuza». En su opinión, se ha redactado una ley estatal sin contar con los ayuntamientos «que son pieza clave en el proceso, ya que tienen transferidas las competencias del tráfico urbano». Sólo las multas de la Guardia Civil han tenido efecto en estos dos años de vigencia de la norma. Santiago Córdoba denuncia que el desarrollo de la ley tiene importantes fallos e incurre en un agravio «al penalizar a unos infractores y a otros no, en función de que el ayuntamiento de turno se haya o no adaptado al registro de la DGT». Automovilistas Europeos presentó un recurso contra la norma y está ahora a la espera de que se pronuncie el Supremo. Santiago Córdoba aclaró que las multas impuestas en estos dos años y que no llevan incluida la pérdida de puntos «son irrecuperables». Es decir, la infracción ha quedado impune por un fallo en el protocolo de la aplicación de la norma.