Gobierno central y Junta buscarán juntos terreno para construir viviendas sociales

El Gobierno central ofreció ayer a la Junta de Andalucía poner a su disposición la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) para que trabaje conjuntamente con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa) en la búsqueda de terrenos para la construcción de viviendas protegidas. Así lo manifestó el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas Cajas, al término de la primera reunión que mantuvo con la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, en la que se comprometió a «estudiar» esta «atractiva» oferta.

No obstante, en ella profundizarán los responsables de Epsa y Sepes en un próximo encuentro, previsto para la semana que viene, según anunció el consejero, que añadió que la propuesta ayudará a conseguir «mejor» el objetivo de la Junta de construir, a lo largo de la legislatura, cien mil viviendas de protección oficial.

Sobre la propuesta anunciada por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, de reconvertir 90.000 viviendas de renta libre en protegidas, Espadas insistió en que primero deben «estudiar la realidad» de las mismas, «analizar si están en las provincias con más demanda» y «ver su tipología».

«Hay un parque inmobiliario y hay que analizar en qué medida hay promotores que están dispuestos a calificar las viviendas como protegidas», por lo que el objetivo, indicó, «no es beneficiarlos», sino mantener «un músculo» para el sector inmobiliario, uno de los «más perjudicados» por la «crisis».

Asimismo, el consejero señaló que Corredor comparte su opinión de «estudiar si algún parque en construcción se adapta a las características de vivienda protegida», ya que, desde el punto de vista de la sostenibilidad, «antes de ocupar más suelo, es importante saber lo que se hace con las que ya existen».

En la reunión también solicitó que las «especifidades» y la «prioridad» de la Junta en materia de vivienda protegida y las políticas de rehabilitación se «adapten» al nuevo Plan Estatal de Vivienda, de forma que le concedan «flexibilidad» a la hora de ajustar los presupuestos destinados a Andalucía «a las necesidades y demandas de los ciudadanos».

Por último, abordaron la renta básica de emancipación, que en la Comunidad andaluza ya ha registrado 12.000 solicitudes, 5.000 de ellas resueltas desde que entrara en vigor el pasado mes de enero, según informó Espadas.

Críticas de IU

Por su parte, el coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, criticó ayer que la Junta plantee convertir las casas de renta libre construidas o en proceso de construcción en viviendas de protección oficial porque cree que esta medida sólo ayuda a los constructores y no a los perjudicados por los elevados precios.

Valderas declaró que «los especuladores tiene en su mano la posibilidad de bajar los precios de los pisos sin necesidad de que la mamá Administración acuda en su ayuda para que continúen obteniendo beneficios de carácter especulativo». En su opinión, la propuesta anunciada por el presidente de la Junta es «más de lo mismo» y tan sólo «contribuye a solucionar» los excedentes «de productos inmobiliarios».

El coordinador de IU en Andalucía acusó a la Junta de pretender «sacar las castañas del fuego» a los promotores «claramente especulativos», dejando a un lado los verdaderos perjudicados por la crisis.