El Parlamento Europeo, sin acuerdo sobre la repatriación de los inmigrantes ilegales

Los grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) no han logrado cerrar un acuerdo sobre una legislación común para la repatriación de los inmigrantes irregulares por las fuertes diferencias internas. La nueva directiva pretende establecer condiciones armonizadas de retención y expulsión para los "sin papeles" en el territorio europeo.

La norma contempla varios aspectos polémicos, como la prolongación del periodo de reclusión de los 'indocumentados' durante un período de seis meses, prorrogable otros doce hasta un total de 18 meses. Otros aspectos que han suscitado diferencias son la prohibición de readmisión de hasta cinco años en todo el territorio europeo, la posibilidad abierta de detener a familias y menores no acompañados o el hecho de que no impida la detención de los solicitantes de asilo.

Once de los 27 países comunitarios han rechazado el texto acordado por la presidencia con representantes del Parlamento Europeo, diez de ellos porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva, que establece un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales.

Alemania, Francia e Italia se alinearon con los países contrarios, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para respaldar la legislación, según fuentes comunitarias. España formó parte del grupo dispuesto a sacar adelante el compromiso, que también debe ser aprobado por el pleno de la Eurocámara, han añadido las fuentes.

La Eurocámara defiende que sería "un gran avance"

Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia de turno eslovena ha señalado que estudiará cómo avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años. Tanto si el Consejo como el PE introducen cambios en el texto acordado, deberán negociarlos posteriormente con la otra institución.

Esta directiva es la primera sobre inmigración que puede aprobarse por el procedimiento de co-decisión entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo pleno también debe ratificar el texto final. Aunque algunos partidos u organizaciones humanitarias han criticado el período de retención por considerarlo muy elevado, fuentes de la UE han recordado que actualmente hay nueve países comunitarios donde es indefinido, por lo que consideran que fijar un máximo de seis o dieciocho meses sería "un gran avance".

España afirma que no modificará su legislación

La directora general de Inmigración, Marta Rodríguez, ha asegurado hoy en Toledo que la legislación española sobre extranjería no tiene por que modificarse con la aprobación de la directiva comunitaria sobre los inmigrantes indocumentados.

A preguntas de los periodistas sobre la postura de España respecto a la nueva normativa europea sobre el retorno de los inmigrantes, Marta Rodríguez ha querido transmitir, "frente a los alarmismos, que la normativa española no se ve obligada a ser modificada en función de la aprobación de esta directiva".

La directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo se encontraba en Toledo para participar en una reunión con organizaciones agrarias, cooperativas, sindicatos y administración autonómica con el objeto de planificar la contratación de mano de obra para la campaña de la vendimia en La Mancha