La Audiencia celebrará este mes dos nuevos juicios del 'caso Semilla' con cinco acusados

Desde el pasado mes de octubre no se celebra en la Audiencia Provincial un juicio vinculado al originario caso Semilla. En esa última ocasión, el tribunal concluyó con la absolución de una familia de Sanlúcar por fallos en la instrucción como la incompetencia territorial del juez. Seis meses después, llegan dos nuevas piezas al órgano superior de la provincia, que tendrá que enjuiciar a cinco personas que fueron apresadas gracias a las confidencias del narco arrepentido que dio origen a esta gran causa policial cuajada de fracasos judiciales en forma de absoluciones.

El primero de los juicios está previsto para el próximo día 20. Es una de las piezas de menor calado, ya que cuenta con un único procesado al que le requisaron en su vivienda pequeñas cantidades de droga. El confidente señaló en sus declaraciones al juez instructor en el año 2000 que uno de las personas que le compraba regularmente estupefacientes era un individuo apodado El Negro, que posteriormente fue identificado como José Ignacio L. L. El arrepentido le acusó de utilizar la droga que adquiría para venderla a terceros.

Con esta información y los datos de su domicilio en El Puerto, en enero de 2001 los agentes procedieron a inspeccionar su vivienda donde hallaron: seis gramos de cocaína, cinco comprimidos de éxtasis, tres bolsas con poco más de seis gramos de un derivado anfetamínico y otros siete gramos de hachís; además de 845 euros en metálico, herramientas para la manipulación de la droga y una libreta donde el acusado anotaba sus operaciones.

La Fiscalía solicita cinco años de prisión y una multa de 900 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.

El segundo juicio está señalado para la última semana del mes. Se trata de una pieza derivada del procedimiento denominado Sanlúcar I y que tiene cierta vinculación con el último procedimiento enjuiciado en la Audiencia y que supuso la absolución de la familia sanluqueña.

Las confidencias del narco arrepentido apuntaban a Juan Miguel G. R. -actualmente absuelto aunque pendiente del recurso elevado por la Fiscalía ante el Supremo- como uno de los traficantes activos en la localidad sanluqueña y entre sus clientes citaba a Miguel Ángel H. R., que se sentará en el banquillo junto a otros tres acusados, entre ellos su esposa, Mercedes G. C.

Poca droga

Al igual que en las anteriores piezas, el juez ordenó un registro en la vivienda del matrimonio, tras oir, al confidente en enero de 2001. Aunque la Policía no encontró grandes cantidades de droga -casi 300 gramos de cocaína y un trozo de hachís-, sí que hallaron material más relevante en una agenda donde aparecían detalladas las ventas, con cantidades y precios anotados de manera explícita.

La pareja guardaba una suma muy grande de dinero, superior a los 24.300 euros, lo que confirmaba que obtenían unas ganancias muy elevadas sin tener una actividad laboral reconocida, salvo contratos temporales; uno de ellos firmado por uno de los acusados.

La UDYCO realizó un estudio patrimonial que desveló la existencia de varias cuentas donde la pareja ingresaba el dinero obtenido por el narcotráfico de manera regular, según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación.

La fiscal describe cómo el matrimonio trató de ocultar parte de su patrimonio para que no fuera decomisado incluso tras haber sido arrestado. Así, otorgaron poderes a un hermano del acusado para que vendiera una finca por un valor cercano a los 120.000 euros; una cantidad que nunca pudo ser intervenida.

Los otros dos procesados son clientes del principal implicado Miguel Ángel H. R., a quien le compraban partidas para venderlas a terceros. En la inspección de su domicilio no encontraron droga, pero su vinculación quedó plasmada en la agenda intervenida a la pareja.

La Fiscalía solicita penas que van desde los 11 a los cuatro años por delitos de salud pública y blanqueo de capitales. Ahora sólo queda saber si la Audiencia Provincial mantendrá el criterio fijado en la última sentencia dictada en el seno de este órgano, que anuló el registro que se efectuó en la vivienda de la familia sanluqueña, por entender que el auto judicial que lo autorizaba no estaba bien motivado. Al declarar nulo el registro, rechazaba como prueba la droga que se halló en su interior.

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