LOS PELIGROS

El derecho a discriminar

La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluza, conocida la semana pasada, contra la asignatura Educación para la Ciudadanía introduce una peligrosa interpretación del derecho constitucional a la igualdad. Parece como si, en toda esta disparatada carrera de la militancia católica contra la asignatura, no importara llevarse por delante el prestigio de instituciones y el mismo principio de que las leyes, aunque no nos gusten, hay que cumplirlas siempre. Anula dicho Tribunal, en las Órdenes andaluzas que desarrollan la asignatura, toda referencia a la discriminación «por razón de género», por ideológica y porque no está incluida entre las que expresamente hay que combatir, según la Constitución, que sí incluye la no discriminación por razón de sexo. Siguiendo el criterio restrictivo de esta endeble teoría, la igualdad no sería un derecho fundamental con aspiración a llegar a todos los ámbitos posibles, sino una concesión en los casos exclusivamente enumerados por esa Ley. Así, llevando a todas sus consecuencias esta teoría, cualquier nueva discriminación que pueda surgir en adelante no estaría protegida porque no está en la lista.

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La no discriminación por razón de género protege tanto de las que se producen por razón de sexo como de las que surgen de las distintas opciones sexuales, entendidas todas como algo natural. Ese trato de normalidad, es decir igualdad, es lo que tanto irrita de la ideología de género. Si discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o un colectivo, reivindicar, como un supuesto derecho de libertad ideológica de los padres, que no se les enseñe a sus hijos que cualquier opción sexual es natural, se está defendiendo el derecho de algunos a discriminar a otros. En el ámbito privado, mientras no moleste, cada uno puede llevar su soberbia de sentirse superior a los demás como quiera, e incluso maleducar a sus hijos en esa supuesta superioridad. En público, hacer apología de la discriminación puede ser delictivo. Y, desde luego, la obligación de la educación es erradicarla. La nueva sentencia más que contribuir a ello, crea dudosas zonas de cultivo. Cuando, expresamente, elimina la mención a que la asignatura debe fomentar el respeto «a todas las opciones vitales», por ideológica, ¿está diciendo que «alguna» opción vital no merece ese respeto?. Cuando anula todo el enunciado de la construcción de la identidad con «perspectiva compleja y crítica», no aclara qué ataca la libertad de los padres: ¿Qué la identidad no se construye, o qué el hijo pueda tener una identidad distinta a la de sus padres?. Sorprendentemente, todas estas anulaciones se fundamentan en «la neutralidad ideológica» que debe imperar en las aulas. Y es chocante que esa neutralidad la pidan los mismos que exigen la presencia de la religión católica en todos los centros.

Según defendió el mismo Tribunal en una sentencia anterior, esta libertad ideológica de los padres está apoyada por su derecho a objetar contra esta asignatura. De nuevo la resolución de un caso particular lleva a un desastre general. Lo que se dice es, nada menos, que la libertad personal puede eximir del cumplimiento de una ley, si no nos gusta. Parece como si nadie reparara en la cadena que lleva de este libertinaje de conciencia a la misma destrucción del Estado. En adelante, cualquiera podría negarse a cumplir el Código de Circulación porque no cree ajustados los límites de velocidad, el ladrón robar porque no cree en la propiedad privada o el maltratador de mujeres tener campo libre porque la Ley contra la Violencia aplica también la aquí denostada ideología de género. Cada uno haría una Declaración de la Renta a la carta, en la que, en una larga lista, pudiera señalar todo lo que no le gusta que se haga con su dinero. La educación podría cuartearse también al gusto de cada uno, adoptando las distintas fobias particulares, en una desmadrada libertad ideológica generalizada, donde deba rechazarse cualquier norma común por impuesta. Pero esta deriva libertaria no llegará a tal porque sus promotores, y quienes les dan la razón, en realidad, están defendiendo sólo su derecho a interpretar, en exclusiva y como han hecho siempre, lo que es normal en la sociedad. Y a eso no tienen derecho.