Un informe del CGPJ cifra en 269.450 las sentencias penales que están pendientes de ser ejecutadas

Los juzgados de lo penal en España están sobrecargados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un total de 269.450 la sentencias penales que están pendientes de ser aplicadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Organos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ y que será discutido el próximo jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban en situación de pendencia a la conclusión del pasado 2007, un 70,25% (189.280) se residencian en los Juzgados de lo Penal y el 29,74% restante (80.125) en los Juzgados Especializados.

"La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de Organos", denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa la media del registro en un 21% en Madrid, en un 52,24% en Barcelona, en un 99,62% en Valencia, en un 82,30% en Palma de Mallorca, en un 80% en Bilbao, y en un 4,10% en San Sebastián.

Medidas para normalizar la situación

Así, por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500.

En ese sentido, el CGPJ estima que "los anteriores datos, inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas de carácter coyuntural y estructural tendentes a obtener la plena normalización de estos Organos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

Entre las propuestas se incluye la aprobación de medidas de refuerzo y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia adopten medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular, así como que implanten un sistema informático de gestión procesal propio para este tipo de órganos.