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Uno de los cinco jóvenes detenidos en Barakaldo por la Ertzaintza es trasladado desde su casa por efectivos de la policía vasca. /EFE
en vizcaya

La Ertzaintza detiene a cinco personas en una operación contra la violencia callejera en Barakaldo

Los agentes realizan varios registros en los domicilios de los detenidos y en dos lonjas y cierran un gaztetxe -casa de la juventud- en la localidad vizcaína

AGENCIAS/EL CORREO |
MADRIDActualizado:

La Ertzaintza ha detenido a cinco personas, con edades comprendidas entre los 22 y 30 años, en la localidad vizcaína de Barakaldo por su presunta relación con acciones de violencia callejera, según fuentes de la lucha antiterrorista. Los detenidos son Sendoa Jurado, Mikel Petuya, Unai Frías, Héctor Franco y Gorka Serna, según datos facilitados por Askatasuna, la organización de apoyo a los presos de ETA.

En la misma operación policial, que continúa abierta, los agentes han registrado los domicilios de los detenidos así como dos lonjas ubicadas en la misma localidad. Los agentes han incautado ordenadores y cajas repletas de documentación que será analizada. Uno de los discos duros ha sido localizado en un patio interior donde fue colocado minutos antes de los registros para intentar ocultarlo, según el Departamento de Interior, que dirige Javier Balza.

Los ertzainas han encontrado también componentes utilizados habitualmente en los artefactos caseros denominados 'mixtos' -compuestos por líquido inflamable y un petardo pirotécnico-, así como capuchas, abundante material de propaganda de Segi, tanto gráfico como audiovisual, anagramas de ETA y tiragomas para rodamientos.

Los agentes ha precintado además a primera hora de esta mañana un gaztetxe -casa de la juventud- situado en la calle Errekatzu, a la altura de su número 5. Los ertzainas han llegado alrededor de las 7.30 horas al local en varias furgonetas, acompañados de varios agentes de paisano, y, tras romper la puerta de cristal de la entrada, han precintado el local para su posterior registro.

Acusados de los atentados de los últimos meses

A los detenidos se les acusa de los actos de violencia callejera con artefactos incendiarios contra autobuses urbanos y sedes de partidos políticos estos últimos meses, así como la colocación de un artefacto en la estación de Renfe en el barrio baracaldés de Lutxana el pasado 5 de febrero de 2007, de lo que se han encontrado pruebas materiales. Días después, un comunicante anónimo asumió el ataque justificándolo por la detención de los jóvenes condenados por el caso Jarrai, Haika y Segi.

El día 9 de febrero de 2008 desconocidos atacaron el apeadero de Renfe en el la localidad de Basauri y 24 horas más tarde, los violentos quemaban dos cajeros automáticos en los municipios de Santurce y Barakaldo. Un día después era atacada una subestación eléctrica en Güeñes. Además, una patrulla de la policía fue agredida en Sestao el 14 de febrero.

El último ataque registrado fue el lanzamiento de cócteles molotov contra el Batzoki del PNV ubicado en la calle Teixedor de Barakaldo, el pasado 28 de abril. El fuego provocó el ennegrecimiento de las ventanas y parte de la fachada pero se extinguió por sí mismo, sin que fuera necesaria la intervención de los Bomberos. Cinco días más tarde, un comunicante anónimo asumía el ataque en protesta por "la traición, el servilismo y el cipayismo" del PNV, una actitud que para el violento "ha sido constante en estos 30 años".

Antecedentes por 'kale borroka'

Dos de los cinco arrestados tienen antecedentes policiales por actos de violencia callejera. El 8 de octubre de 2002, la Ertzaintza realizó una operación contra ocho personas acusadas de participar en actividades violentas y en la que la Policía vasca intentó capturar a Héctor Franco, pero no logró localizarlo. Tras permanecer casi cuatro meses oculto, el 30 de enero de 2003 se presentó en la Audiencia Nacional con otros seis reclamados y quedó en libertad tras comparecer ante el juez.

Gorka Serna, por su parte, fue detenido por la Ertzaintza en septiembre de 1997, junto con otros seis acusados de formar parte de un "grupo Y" y de participar en el ataque a una sucursal bancaria. Tras ser puesto a disposición judicial, el magistrado Baltasar Garzón decretó su puesta en libertad. Durante la operación agentes de la Ertzaintza estuvieron registrando su vivienda.

Desde Askatasuna han denunciado el "papel represivo" que según esta organización ejerce la Policía vasca asegurando que el PNV "no tiene ningún problema en trabajar mano a mano con la Audiencia Nacional", un tribunal "de excepción para dejar a ciudadanos vascos en sus manos para que los encarcele y los disperse en cárceles españolas".