Súsper se sienta hoy en el banquillo por extorsionar a empresarios para financiar a ETA

Cinco acusados de pertenecer a la estructura militar de ETA están citados en el juicio que comienza hoy en París ante la Sala Especial de lo Criminal con una duración prevista de dos semanas. El principal procesado es Ibon Fernández Iradi, Súsper, sobre quien pesa el cargo añadido de cobrar o intentar cobrar fondos por importe de cuatro millones de euros a una quincena de empresarios.

Comparte la imputación de receptación de 914.027 euros procedentes del impuesto revolucionario con Lorena Somoza y Bel-tzane Obanos, con quienes vivía en Tarbes cuando fueron detenidos el 19 de diciembre de 2002. La última citada permanece en libertad bajo control judicial desde noviembre de 2006.

Completan el banquillo de los acusados Mikel Otegi y Aloña Muñoa, detenidos el 22 de febrero de 2003 en la localidad vascofrancesa de Irouleguy cuando acudían a una cita que se había descubierto anotada en Tarbes. Ambos ya cumplen condenas pronunciadas en París por pertenencia a Harrera (grupo de acogida).

Por su parte, Súsper fue condenado el pasado 13 de febrero a treinta años de prisión, con por lo menos 20 de cumplimiento íntegro, por el asesinato frustrado de un gendarme en 2001. Se trata de la condena más fuerte impuesta hasta la fecha por la Justicia francesa a un militante de ETA con ciudadanía española.

Los archivos intervenidos en diciembre de 2002 a Súsper revelan que ETA exige desde hace tiempo a pequeños empresarios el pago fraccionado del impuesto revolucionario en cantidades que deben ser abonadas con una periodicidad preestablecida so pena de represalias en caso de incumplimiento. De esta modalidad de extorsión a plazo fijo ha sido víctima una familia navarra dueña de un restaurante a la que fueron reclamadas las anualidades pendientes dos años después de haber entregado en persona un primer anticipo en el sur de Francia.

En enero de 2001, ETA envió una carta a la gerente de un restaurante de una localidad navarra en la que le planteaba pagar cinco millones de pesetas en concepto de impuesto revolucionario a razón de un millón al año. La propuesta llegó sólo dos años después de la apertura por un matrimonio de 61 y 57 años y sus dos hijos del negocio de hostelería, que funciona societariamente desde enero de 1999 con un capital de 3.005 euros.

Primer pago

En mayo de 2001 la misma destinataria recibió otra misiva en la que se le citaba a las once y media de la mañana del 29 de julio siguiente en la localidad de Biarrotte (Las Landas) para hacer efectivo el primer pago. La mujer acudió acompañada por su hija, de 26 años. Entregaron a dos militantes de ETA una suma de 5.200 dólares, equivalente al cambio de entonces del millón de pesetas exigido.

Los administradores solidarios del establecimiento alegaron en febrero de 2004, cuando prestaron declaración ante la policía española por estos hechos, que cedieron al chantaje porque se sintieron seriamente amenazados. La hija de la gerente identificó como una de las personas a las que dieron el dinero a Aitor Kortzar, que será juzgado a mediados de mes en la capital francesa junto a Zigor Merodio, otro presunto recaudador.

Los interrogados afirmaron haber recibido una nueva carta, fechada en agosto de 2003, en la que ETA les recordaba que adeudaban las anualidades de 2002 y de ese año. Por consiguiente, se conminaba a la ya sexagenaria gerente a «hacer llegar inmediatamente la suma de 12.000 euros a Euskadi Ta Askatasuna». Entre los papeles de Súsper, intervenidos a finales de 2002 en Tarbes (suroeste de Francia), se descubrió una nota enviada por Gezi a Otsagi (grupo militar) relativa a la extorsión a la familia navarra. Decía: «Hola, Otsagi. No nos acordamos si el restaurante XX -nombre- de XX -localidad- está en la lista de objetivos (lista Egur). Pero hay que anularlo puesto que ha entrado en contacto».