La primera grieta

No se han cumplido diez meses desde el aterizaje del actual equipo de Gobierno y ya ha surgido la primera crisis interna en la alianza de poder que se hizo con las riendas del Ayuntamiento. La renuncia del concejal de Medio Ambiente, Ignacio Colón, supone el primer revés para el alcalde Enrique Moresco.

Colón quiso dimitir al principio de esta legislatura. Sin embargo Moresco no estaba dispuesto a que surgiera la primera fisura en su recién inaugurado equipo. El ex edil de Medio Ambiente nunca había ejercido en política, pero se tuvo que enfrentar a la segunda concejalía más problemática tras la convulsa cartera de Urbanismo, y su dedicación parcial no era suficiente para dar respuestas a todos los problemas que presentaba su área.

Desde el primer día tuvo que hacer frente a grandes dificultades. Los ecologistas denunciaron a Ignacio Colón ante la Fiscalía por permitir la tala de 270 pinos en la parcela de Bahía Blanca; unas obras que fueron paralizadas por la delegación provincial de Medio Ambiente.

La adjudicación del contrato de limpieza por valor de doce millones de euros anuales tampoco estuvo exenta de polémica. Los grupos de la oposición intentaron crear una comisión de investigación por las anomalías detectadas, aunque la mayoría del Gobierno boicoteó esta iniciativa.

Siguiendo con su particular calvario, los empleados de la concesionaria del servicio de transportes urbanos y los de la limpieza estuvieron a punto de ponerse en huelga en la Feria. Hasta el último día, empresa y trabajadores no llegaron a un acuerdo satisfactorio.

Sin embargo, Medio Ambiente no es la única carrera que arrastra problemas. Los agentes de la Policía Local también se encuentran en pie de guerra contra el responsable de la Jefatura, Carlos Montero. De hecho, el 85% de la plantilla ha pedido la dimisión de este cargo. En defensa del responsable político, cabe recordar que todos los ediles que han pasado por esta concejalía han sufrido los mismos embistes.

El anterior responsable de la Policía Local, Manuel Romero Verdú, acabó con una denuncia por prevaricación por parte de un sindicato policial. Finalmente, ésta fue desestimada por el juzgado número cinco de El Puerto. La situación por la que atraviesa Montero fue tildada por él mismo «de persecución política».

Además, los socios de gobierno también han dado quebraderos de cabeza. El concejal tránsfuga, Fernando Gago, ha aunado las críticas de toda la oposición. De hecho, IP, IU y PSOE han pedido su dimisión por la gestión de la adjudicación de la plaza de Toros. Al concurso sólo se presentaron tres empresas y sólo una cumplía los requisitos. Por primera vez en varias décadas, no ha habido festejos taurinos durantes la Feria.

Sin embargo, la gran crisis que padece el municipio es la falta de un Plan General de Ordenación Urbanística actualizado y que haya pasado todos los filtros legales. Bien es cierto que es un problema heredado del anterior Gobierno de IP, que no fue capaz de diseñar un documento que pudiera ser aprobado por la Junta, y ahora los actuales dirigentes del Ayuntamiento están pagando las consecuencias. Las 4.500 familias que residen en viviendas ilegales exigen una solución y la oposición está avivando este fuego con iniciativas populistas.

Todo esto ha desembocado que diversas asociaciones sociales, que han salido en defensa de estos diseminados, empapelen las calles con pegatinas que «exigen la dimisión de Enrique Moresco» al que ya responsabilizan de manera directa.

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