¿Uno de los nuestros?

Hace ya muchos años, a principios de los ochenta, o incluso quizás un poco antes, Caja Laboral, nacida en Mondragón precisamente, en el seno de ese modelo empresarial que son las cooperativas, lanzó una potente y llamativa campaña publicitaria en la que aparecía un joven tocado con una boina con un texto en el que, más o menos, se leía algo así: Yo me llamaba Francisco Tejada. Nací en Cáceres, desde joven vine a Euskadi y trabajo en Ahora me llamo Patxi Teillatu y tengo mis ahorros en El texto es aproximativo y sólo recuerdo la base del motivo publicitario. Pido disculpas por los errores aunque creo ser fiel a la idea del anuncio. Cuando aquella impactante campaña inundaba los periódicos vascos, un amigo y compañero, muy querido entonces y tristemente recordado ahora por su asesinato, Fernando Múgica, me contó una divertida anécdota que hace a la cuestión. Un notario de San Sebastián, conocido de ambos en nuestro trabajo como abogados, se encontró una mañana con Fernando y con un notable enfado le dijo: Acabo de anular mi cuenta corriente en Caja Laboral. He visto este anuncio y me parece indignante. Yo soy aragonés y me llamo Paco Roig y no estoy dispuesto a que para ser vasco me tenga que llamar Patxi Gorria. También aquí, el recuerdo de la anécdota es personal y probablemente imperfecto, pero vale para lo que nos convoca a esta reflexión.

Isaías Carrasco era un ciudadano vasco, nacido aquí o allí, qué más da, de apellido autóctono o no, a quién le importa, afiliado a un partido o a ninguno, qué tiene eso que ver, que gozaba de los mismos derechos personales y ciudadanos que el común de los mortales en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra. Y, sin embargo, la enumeración teórica de estas obviedades me suena a retórica. ¿De verdad era un ciudadano como los demás? ¿De verdad lo reconocemos como uno de los nuestros? Me cuesta y me duele tocar esa línea delicada y peligrosa de nuestras comunidades identitarias, pero cuando veo que el pueblo de Mondragón olvida al asesinado mientras homenajea en el centro de la villa a los asesinos me asalta la eterna duda sobre si hemos hecho, de verdad, en nuestros sentimientos y en nuestra cultura social, la integración plena de tantos y tantos ciudadanos que no están blindados por la carcasa nacionalista. La imagen de la realidad diaria en ese municipio reflejada en la crónica citada al principio de este artículo es tan bochornosa que, una vez más, la reflexión sobre la actitud social de los ciudadanos vascos ante la violencia resulta ineludible. Pero además, el desarrollo de la gestión política de la censura contra la alcaldesa de Batasuna la hace obligada y apremiante.

¿Cómo abordamos el hecho incuestionable de que unos cuantos miles de nuestros conciudadanos, algunos de ellos representantes públicos de todos nosotros, estén materialmente amenazados de muerte por sus ideas o por sus actividades profesionales? Por natural que parezca tal aberración y tamaña injusticia, la pregunta interpela a todos y cada uno de nosotros, y especialmente a los representantes públicos de los ciudadanos y a sus instituciones, a los líderes políticos y sociales del país, a los medios de comunicación y a toda la sociedad civil. Es sencillamente vergonzoso que este pueblo nuestro, tan admirable en tantas cosas, esté aceptando con tanta indignidad como naturalidad este hecho cotidiano y patente sin que nadie mueva una ceja o, lo que es peor, mirando hacia otro lado como si la cosa no fuera con cada uno de nosotros. Es incalificable que los partidos y las instituciones no hayamos construido un clima de apoyo moral y de acompañamiento ciudadano a los amenazados. Es inexplicable que los partidos democráticos no acuerden condenas, rechazos y alianzas políticas contra los que aceptan y ayudan a los asesinos a materializar esas amenazas. Es inaguantable seguir escuchando alegatos partidistas y viejas apelaciones al conflicto vasco, como cobarde excusa para no hacer lo que exigen la democracia y la ética más elementales.