Inicia una huelga de hambre en la gasolinera donde asesinaron a su hijo

Está harta. Y cansada. Lleva casi doce años y medio llamando a todas las puertas posibles y le cierran unas detrás de otras. Ya no puede más. La gota que ha colmado el vaso es, según ella, la negativa de Campsa Red -compañía propietaria de la gasolinera de Martín Ferrador donde asesinaron a su hijo- a asumir la indemnización que «le corresponde» por el suceso.

En este punto cabe recordar que la familia de Juan Holgado siempre culpó también a la firma petrolera de lo sucedido, ya que considera que la gasolinera no disponía de las mínimas medidas de seguridad exigibles. Y que, de haberlas tenido, el crimen se podría haber evitado.

Pues bien, Antonia Castro no entiende que en todo este tiempo Campsa Red no haya hecho efectiva ninguna indemnización. Llegó a existir, eso sí, un documento redactado por la compañía, y al que ha tenido acceso LA VOZ, en el que se proponía un acuerdo amistoso a la familia Holgado. Ofrecía una cantidad de dinero -aunque en el borrador no se especifica a cuánto asciende- a cambio de renunciar a emprender cualquier tipo de acción judicial contra los responsables de la gasolinera y de la petrolera. También se exigía desistir en la protagonización de nuevos actos de protesta en las instalaciones de Martín Ferrador y en cualquier otra de la misma firma, así como a realizar cualquier tipo de declaración pública sobre Campsa Red.

Sin embargo, esa propuesta de acuerdo incluía también una cláusula que Antonia nunca aceptó y que exigía a sus otros tres hijos el cumplimiento de las mismas condiciones. Y por ahí no pasa la madre de Juan Holgado. Así, el tiempo ha ido transcurriendo a la espera de nuevas noticias de la petrolera. Antonia Castro recurrió incluso a UGT y CC OO para que mediasen en el asunto, pero, según señala, «no han hecho nada; mucha manifestación del 1 de mayo y luego pasan de dar la cara por lo que pasó con mi hijo Juan, que también era un trabajador».

El último jarro de agua fría llegó días atrás, cuando supo a través de un interlocutor que la última palabra de Campsa Red es que «no quiere saber nada de todo esto», según ella misma señala. Fue entonces cuando decidió dejar de llamar a más puertas y optó por adoptar una postura drástica: iniciar una huelga de hambre.

A base de Aquarius

El jueves cogió Antonia y se plantó en las inmediaciones de la gasolinera de Martín Ferrador para iniciar una huelga de hambre. Dice que de ahí no se moverá hasta que la compañía asuma «lo que le corresponde» o acepte sentarse a negociar de nuevo y partiendo de cero, excluyendo, eso sí, a sus hijos de cualquier posible acuerdo al que se pudiese llegar. Espera que el lunes le digan algo.

Allí ya pasó la noche del jueves, acompañada por su hija y un matrimonio amigo. Con una pancarta y unas mantas. Sin comer nada. Sólo toma agua y Aquarius. Nada de glucosa, porque se lo impide la medicación que toma.

Por la zona, aunque por separado, también se encuentra desde el jueves el padre de Juan, Francisco Holgado. Durmió en su coche en solidaridad con la iniciativa de su ex esposa, cuyo discurso es ahora aún más radical y beligerante de lo habitual: «No pienso moverme de aquí. Ya estoy hasta... del tema. Me da igual todo, y si tengo que morirme, por lo menos que sea donde mataron a mi Juan. Prefiero perder la vida aquí que en otro sitio. Porque ya está bien de tanta tontería. Han pasado más de doce años y seguimos igual, con la misma historia. Y nadie quiere ayudarnos».

La madre de Juan Holgado asegura asimismo que habló ayer por teléfono con la alcaldesa, Pilar Sánchez, y que ésta se comprometió a trasladarle su situación a los servicios jurídicos del Ayuntamiento «para ver qué se puede hacer con este tema».

Exige también que se reabra la investigación «en condiciones» y que «la Policía haga lo que tiene que hacer: su trabajo». Aunque en este punto es algo más optimista. Asegura que el comisario Andrés Garrido le comentó recientemente que están a la espera de que lleguen de Sevilla los resultados de los nuevos análisis de los restos encontrados en la gasolinera después del crimen, y de que la juez le diga, en virtud de los mismos, qué hay que hacer. Puede, por tanto, que la del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez, que es ahora el responsable del caso, sea la próxima puerta a la que llame Antonia Castro.