COAG insiste en que la OCM del vino es «muy negativa» para los viñistas

La cuenta atrás para diseñar el plan nacional mediante el que se aplicará en España la OCM del vino ha comenzado después de que el pasado día 28 de abril se aprobara definitivamente la reforma en Bruselas, y para el responsable nacional del sector de la organización agraria COAG, Alejandro García-Gasco, «ya nos queda poco tiempo para diseñar las diferentes políticas, sobre todo si se tiene en cuenta que ahora se abre el complicado debate de cómo se van a repartir los fondos en las distintas regiones».

Para el también vicepresidente del Comité Consultivo de Vinos de la Unión Europea, que ha estado estos días en Jerez como motivo de la Feria, el mensaje que se puede dar a los viñistas del Marco no es positivo porque, como admitió sin tapujos, «la OCM del vino es muy perjudicial para los productores».

En este punto, García-Gasco explicó que durante la jornada estatal sobre el sector del vino que su organización celebró a principios de esta semana «le hemos trasladado al Ministerio que existen grandes diferencias entre los problemas que tienen los viticultores de cada zona», unas características que, en su opinión, deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar los reglamentos.

Sin embargo, el sector tiene en su contra la falta de tiempo, ya que la primera de las normativas que se debe aprobar -precisamente la de las primas al arranque que sí repercuten directamente en los productores- debe estar lista para el 30 de junio para poder recibir las ayudas de la UE.

Según explicó el vicepresidente del Comité Consultivo de la UE, el principal objetivo que debe tener en cuenta el Gobierno a la hora de hacer el reparto presupuestario es «que hay que ofrecer alternativas a los agricultores y sacarlos del problema de precio en el que están inmersos». «En estos dos meses hay que trazar políticas basadas en la recuperación de la renta», enfatizó.

Por este motivo, y centrándose en el caso concreto del Marco de Jerez, García-Gasco criticó que la principal cuestión que se ha defendido desde esta zona en la negociación, la de mantener las ayudas a la destilación para alcohol de uso de boca como pedían los elaboradores de brandy de Jerez, «sólo beneficia a la industria».

El responsable de COAG reprochó que «el mantenimiento transitorio de estas ayudas no establece un precio mínimo que se debería pagar al viticultor, por lo que no hay garantías para el productor y nos deja descaradamente en manos de la industria».

«Si es así, no queremos estas ayudas», afirmó de forma tajante García-Gasco, que también recalcó que «lo único que garantizan es que la industria esté abastecida, pero no que los productores cubran costes».

En cuanto a la eliminación de los derechos de plantación, el vicepresidente del Comité Consultivo lamentó que lo que provocará es «una liberalización total» del sector que llevará a un aumento del número de plantaciones por parte de grupos empresariales, un incremento de la oferta y una disminución del precio de la uva. Eso sin olvidar que «los viñistas han invertido en comprar unos derechos, en tener un patrimonio, que pierden su valor porque ahora cualquiera podrá plantar».

Sobre la promoción, estuvo de acuerdo en la filosofía de la reforma que «el vino debe llegar al comercio, al mercado», pero instó a que «este proceso repercuta beneficiosamente en el viñista». Para ello, «la industria debe sentarse con el agricultor a la hora de disponer del presupuesto, y entre todos hay que procurar que este posicionamiento en el mercado tengo un efecto positivo en el precio de la uva».

Por último, el dirigente de COAG destacó que la nueva OCM transfiere presupuesto al desarrollo rural y denunció que «las medidas que se contemplan para ello no repercuten realmente en el sector vitivinícola».

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