Prisión advertida
La prisión incondicional de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, hace efectiva la advertencia de acciones penales que pesa sobre los corporativos de ANV en el supuesto de que incumplan la suspensión de todas las actividades públicas, privadas e institucionales del partido abertzale decretada por el juez Garzón el pasado 8 de febrero. El magistrado no sólo cree verificado que Galparsoro ha actuado con «voluntad rebelde» a fin de proseguir de modo ilegal con las actuaciones orgánicas de la formación aneuvista expresamente prohibidas, promoviendo el boicot a las elecciones generales como miembro de los autodenominados «electos independentistas» o presentando contramociones concertadas tras el asesinato de Isaías Carrasco. También considera que la regidora, integrante de las sucesivas siglas de la izquierda abertzale desde 1987, ha contribuido con su «intensa» implicación a los fines de ETA, por lo que le imputa colaboración con organización terrorista sin excluir el delito de pertenencia.
Actualizado:El repaso de los movimientos que han llevado a Galparsoro a la cárcel resume con nitidez los límites legales a los que se enfrentan los ediles de ANV, que conservan intactos sus derechos políticos individuales pero que no pueden utilizar sus escaños para asumir la representación de un partido suspendido judicialmente por su convivencia con el terror. Porque lo anómalo no es, como sostienen los portavoces aneuvistas, que su correligionaria sea detenida ante los indicios delictivos existentes en su contra, sino que tanto ella como el resto de los cargos públicos abertzales pretendan continuar amparándose en las prerrogativas que les otorga su posición institucional para difundir el discurso y coadyuvar a los intolerables intereses de una organización terrorista que busca aniquilar a los alcaldes y concejales discrepantes. Del mismo modo, lo inaceptable no es que la impugnación parcelada de las listas de ANV permitiera a la izquierda abertzale recuperar poder municipal, sino que sus corporativos hayan dado muestras reiteradas desde entonces de su subordinación al totalitarismo etarra. Pero la gravedad de las acusaciones contra Galparsoro apuntan singularmente a la responsabilidad ética y política de quienes han dificultado e impedido que prosperara la moción censura en Mondragón contra quien no sólo no condenó el asesinato de Isaías Carrasco, sino que está en prisión por su presunta colaboración con los homicidas.