Menores inmigrantes, ¿qué hacer?
La inmigración irregular, masiva e indiscriminada presenta graves problemas al no estar preparadas las administraciones ni la sociedad para acogerlos. A la falta de puestos de trabajo para que puedan vivir dignamente se une la falta de medios escolares, sanitarios, sociales, de viviendas asequibles y de integración. Cualquier sistema es válido para entrar masivamente en España por aeropuertos o fronteras, pero es muy distinto el tratamiento que se les da a los que vienen en pateras o cayucos y depende también de si son marroquíes o subsaharianos. He tenido oportunidad de comprobarlo personalmente al presenciar en Tarifa, tras la llegada de una patera, cómo un grupo de marroquíes se encontraban sumidos en su desgracia y desesperación después de la odisea del paso del Estrecho, mientras que otro grupo de jóvenes subsaharianas, muy arregladas y alegres manifestaban su satisfacción por llegar a la tierra prometida y saber que una vez puestos los pies en el polideportivo donde se encontraban le significaba tener las puertas abiertas para entrar en España y Europa. Los marroquíes sabían que les esperaba la devolución inmediata a Marruecos en base a los convenios firmados. Dispar tratamiento que a sus compañeros de viaje. Pero todavía hay otro grupo que tiene un tratamiento singular, son los menores inmigrantes marroquíes no acompañados a los que no se devuelve si son menores de 18 años y se desconoce a sus familiares y que quedan bajo la custodia y responsabilidad de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias exclusivas en su protección.
Actualizado:Hasta aquí la situación y las competencias legales, pero el problema se agrava cuando la Junta dice que tiene más de 1.100 de estos jóvenes a su cargo y que no tiene medios ni presupuesto para atenderlos. Dice que necesita más de 50.000 euros diarios y se queja de que más del 30% de los niños alojados en los centros andaluces proceden del Magreb y el 95% de ellos de Marruecos. También se queja abiertamente la Junta del trato discriminatorio del Gobierno Central para con Andalucía, al negarle ayudas y fondos que se les han dado a otras comunidades y de cómo los menores llegados masivamente a Canarias se han repatriado a otras autonomías y en Andalucía llevan más de tres años manteniendo a todos los que llegan a nuestras costas. Por ello la consejera de Igualdad y Bienestar Social ha dicho pública y repetidamente que Andalucía no tiene recursos ilimitados para esta responsabilidad y la consejera de Gobernación ha propuesto que en el reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida de Inmigrantes y al Refuerzo Educativo se primara a las Comunidades que atienden a menores, pero no han tenido respuesta del Gobierno -de su mismo color político-, al que quizás por eso, no han reclamado la inclusión de esta partida en los PGE 2008. Lo cierto es que hay convenios con Marruecos que España ha firmado y pagado para «facilitar» la búsqueda de las familias de los menores por parte de las autoridades marroquíes. La actitud de cobrar, prometer y no cumplir deja a las claras que eso que tanto venden desde el Gobierno español de las buenas relaciones con Marruecos no es más que una babosa sumisión por parte española sin contraprestaciones del lado marroquí. A España sólo le corresponde pagar y lo hace por todo: para que no vengan, para devolverlos, para mantenerlos aquí, para construir centros de acogida allí, etc. También queda demostrado que Marruecos no tiene ningún interés en devolver a sus menores a las familias, quitándose así el problema. Y las familias se desarraigan pero invierten en su futuro confiando en que la Junta los acogerá, educará y formará para que tengan un puesto de trabajo cuando alcancen la mayoría de edad y puedan reclamar por arraigo a la familia, a la que no le importó el desarraigo ni las duras condiciones que sufren estos menores fuera de su entorno afectivo, su lengua, sus costumbres y tradiciones.
Según la Junta de Andalucía, hay 880 menores con el expediente de devolución terminado y a la espera de que los consulados marroquíes lo verifiquen. El gobierno alhauita se ha vuelto a comprometer en el mes de julio, en Toledo, a una rápida verificación, ante la manifiesta impotencia española, que lo único que ha podido hacer es «incentivar de nuevo la acción resolutiva de las oficinas consulares» con más dinero y sin ningún compromiso formal por parte del gobierno marroquí. Además del Gobierno central también Andalucía tiene múltiples inversiones, ayudas y acuerdos bilaterales en Marruecos como para poder forzar esta situación, pero Chaves ni presiona al gobierno marroquí para que no se enfade y pueda enturbiar las «buenas relaciones», ni tampoco lo hace con el gobierno amigo del señor Zapatero, que da fondos a otras comunidades y no a Andalucía.
Queda claro pues que Marruecos no quiere, España no puede y los familiares de estos jóvenes consiguen su objetivo de introducirlos para que años más tarde tiren de ellos. Algunas asociaciones son contrarias a la devolución y a que se financien centros de acogida en su propio país para aquellos cuyos padres no puedan atender. Las consejeras de la Junta se quejan de la falta de medios y la impotencia para cumplir con su responsabilidad y ante todo esto y aceptando que lo más importante son los niños, habría que preguntar al Gobierno central, al de Andalucía y al de Marruecos: ¿Qué hacemos con los menores inmigrantes? Porque está claro que así no podemos seguir.