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«Tememos que nos pueda pasar un caso similar al de Mari Luz»

Entre los jueces de lo Penal existe una profunda preocupación a raíz de lo ocurrido con su compañero de Sevilla, Rafael Tirado, expedientado por el CGPJ al considerar que cometió una falta muy grave al no ejecutar la condena dictada en 2002 contra el presunto asesino de Mari Luz. «Es imposible que el juez pueda controlar más de 1.000 ejecutorias, celebrar juicios, poner sentencias. Además en los juzgados hay más personal. Claro que tenemos miedo que nos pueda pasar un caso similar al de Mari Luz». Así de rotunda se expresaba ayer la jueza decana, que además salía en defensa de su colega hispalense el cual pertenece al mismo colectivo que Nuria Orellana preside en Andalucía: la Asociación Profesional de Magistrados (APM).

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Ésta laboró un informe después de conocerse el expediente a su compañero. En él, solicitaban su sobreseimiento porque había realizado «su actuación con absoluta responsabilidad profesional y con precisa observancia de lo dispuesto en la ley», señala el citado informe. Orellana, como miembro de la APM, considera que a su compañero «se le ha linchado» ante la opinión pública de forma injusta. Mientras que a todo delincuente habitual se le respeta la presunción de inocencia, «a este juez directamente lo han condenado».