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El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, junto a su abogado José Aníbal Alvarez, a su llegada la semana pasada a la Audiencia Nacional. /EFE
'caso Saqueo 1'

El abogado de Juan Antonio Roca recurre el auto de ingreso en prisión

El pasado miércoles el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella regresó a prisión eludible bajo una fianza de tres millones por el 'caso Saqueo'

AGENCIAS |
MARBELLAActualizado:

La defensa del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que ordenaba el pasado miércoles su ingreso en prisión eludible bajo una fianza de tres millones de euros por el denominado 'caso Saqueo 1'.

En el recurso, la defensa de Roca mantiene que la vista en la que se revisó la situación de su cliente es nula, dado que fue solicitada por la acusación popular -a cargo del PP de Marbella- en un escrito "falto de rigor jurídico" y en el que se limita a adherirse al escrito del Ministerio Fiscal "utilizando un fórmula vaga e imprecisa".

La representación jurídica del ex asesor urbanístico mantiene que dicho escrito fiscal no puede tener "validez alguna", al igual que la adhesión de la Fiscalía, y destaca que la solicitud de la comparecencia es "nula de pleno derecho".

El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella ingresó en la prisión de Soto del Real de Madrid tras la citada vista, al no poder abonar los tres millones de euros, después de que nueve días antes abandonara la prisión de Albolote (Granada) tras pagar un millón de euros por el 'caso Malaya'.

La defensa señala que no hay riesgo de fuga

La defensa de Roca, ha considerado que la prisión provisional no está justificada por el riesgo de fuga, la obstrucción de la instrucción penal y la reiteración delictiva. En este sentido, ha asegurado que está acreditado que su cliente tiene arraigo familiar y un "claro interés en acreditar su inocencia" y ha denunciado que el criterio utilizado para modificar la situación de Roca ha sido una "valoración de entremezclar" los casos "Malaya" y "Saqueo 1", cuando deben ser causas independientes.

Sobre el riesgo de fuga, el recurso ha recordado que Roca no ha sido amonestado por el juzgado por ningún incumplimiento de las obligaciones establecidas en el auto en el que el magistrado ordenó su puesta en libertad bajo fianza de 450.000 euros en abril de 2002.

La defensa del ex asesor califica de "sorprendente" que se tome en consideración también la cercanía de la celebración del juicio oral por este caso, cuando "durante todo este tiempo nadie se ha percatado de que el procedimiento se encontraba en estado de semiletargo".

A este respecto, el recurso resalta que no se puede plantear como justificación para encarcelar a su cliente un hipotético riesgo de fuga argumentado en que el juicio se va a celebrar en fechas próximas. La representación jurídica subraya que la posibilidad de obtener la libertad es "ilusoria" al no contar Roca con tres millones de euros y considera que la cuantía de la fianza es "desproporcionada".

Numerosos procedimientos abiertos

En el recurso, de una quincena de páginas, se destaca que el ex asesor permanecía en libertad bajo fianza por el 'Caso Malaya' y que en la causa abierta contra él en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier (Murcia) se encuentra en libertad sin fianza. Apunta además que el auto del juez de la Audiencia Nacional hace referencia a un número no determinado de procedimientos en los que está imputado Roca, y subraya que ha sido absuelto en el único juicio al que ha sido sometido.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz argumentó su decisión de ordenar el ingreso en prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros para Roca en el elevado riesgo de fuga del acusado, la proximidad del juicio por esta causa, en la que se enfrenta a una pena de 10 años, y los varios procedimientos que tiene abiertos.

De esa cantidad, se le descuentan los 450.000 euros que Roca depositó en su momento por este procedimiento, conocido también como el de "las facturas falsas", y en el que se investiga el presunto desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.