Alarma y claridad

La alarma suscitada por la detección en España y otros cuatro países europeos de partidas de aceite de girasol contaminadas con hidrocarburos procedentes de Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia tanto de responder de forma proporcionada a los eventuales riesgos sobre la salud pública, como de ofrecer una información transparente que alivie la lógica inquietud de la ciudadanía. La rotundidad con la que el ministro de Sanidad ha dado por «controlada» la entrada e identificación del producto bajo sospecha, así como su insistencia y la de la Comisión Europea en minimizar sus consecuencias tóxicas, parecen encauzar la alerta hacia una pronta solución que, en el caso de nuestro país, debería comportar la clarificación de las marcas afectadas y la normalización del consumo en cuanto sea posible.

El hecho de ni la UE ni ninguno de los estados concernidos hayan optado por una recomendación tan drástica como la del Gobierno español, y la disparidad de criterios que ha generado la limitación planteada al uso de esta variedad de aceite siembran dudas sobre si la reacción se ha ajustado a la entidad del peligro. La protección de la salud pública constituye una prioridad que justifica iniciativas preventivas como la de paralizar la venta y advertir a los consumidores. Pero la desconfianza que despiertan los llamamientos a la calma cuando las medidas gubernamentales parecen sugerir lo contrario y el daño que la incertidumbre provoca sobre los sectores repercutidos obligan a las autoridades sanitarias a administrar con responsabilidad la información de que disponen y a velar para que sus actuaciones no acaben ni minimizando ni magnificando el problema real. La inquietud de unos consumidores que todavía recuerdan el dramático caso de la colza y la disconformidad de las empresas que no importan aceite ucraniano podrían haberse mitigado si alguno de los responsables del Ministerio hubiera comparecido el mismo viernes para explicar las razones de la restricción al consumo aconsejada a través de un comunicado. La intranquilidad que provocan las alarmas alimentarias requiere de una dirigente intervención de los poderes públicos, que además de erradicar el riesgo potencial despeje los recelos que puedan perjudicar sin motivo a las firmas comercializadoras. Pero también exige de la UE un control más exhaustivo sobre la calidad de sus importaciones, equiparable al que se aplica sobre las mercancías comunitarias.