Padres contratan a detectives privados para investigar fraudes en la escolarización

Empadronar a un hijo en el domicilio de un familiar o de un conocido para conseguir una plaza en el colegio deseado puede traer consecuencias. Desde que se publicaron las primeras listas de admitidos en los centros a principios de este mes, media docena de agencias de detectives de toda la provincia han recibido diversos encargos y denuncias de padres cuyos hijos han quedado excluidos.

En la mayoría de los casos se trata de grupos de padres afectados, que de forma conjunta, se unen para pagar el contrato de uno de estos profesionales, que inicia una investigación para detectar posibles fraudes en los datos aportados en el proceso de escolarización. Según el responsable de una de estas empresas-que no quiere desvelar su identidad por cuestiones de confidencialidad-, estas investigaciones se han convertido en algo habitual durante los últimos años, ya que en casi todos los casos se llegan a detectar irregularidades. En concreto, la agencia G. apunta que los principales engaños están relacionados con el empadronamiento de las familias denunciadas. «Lo más habitual es que los alumnos estén empadronados en las casas de los abuelos, en domicilios anteriores o incluso en la vivienda de algún conocido», apunta la agencia.

Si existen estas anomalías, los casos son resueltos de forma favorable para los denunciantes, que presentan el informe en el centro para que invalide la plaza. No obstante, desde las agencias puntualizan que estas irregularidades son resueltas de forma amistosa, sin acudir a los tribunales. El protocolo que se lleva a cabo consiste en formar una comisión de afectados, en la que se reúnen los denunciantes, el denunciado y la Asociación de Padres y Madres del colegio. En este encuentro se comunican las irregularidades y se entrega el informe, de manera que los padres denunciados aceptan sin más la renuncia a la plaza, que pasa a ser ocupada por el siguiente de la lista.

No obstante, las agencias de detectives no aceptan todos los casos que les llega. En muchas ocasiones sólo admiten consultas y cuando aceptan un caso, éste debe cumplir ciertos requisitos. Por cuestiones éticas, los detectives consideran fundamental que el caso que se va a investigar influya de forma directa en el denunciante, evitando aceptar casos en los que el beneficiado sea una tercera persona. Además, los padres afectados deben presentar una serie de indicios lo suficientemente fundamentados como para que la investigación se ponga en marcha.

A la hora de investigar, cada agencia sigue un procedimiento determinado. En este sentido, la agencia D. asegura que en su caso siempre se parte por una visita al domicilio donde está empadronado el menor. A partir de aquí se hacen consultas a los vecinos e incluso a los residentes del barrio. En caso de que no se encuentren pruebas suficientes, se llevan a cabo otro tipo de gestiones que no se han querido detallar para no poner en aviso a los padres que han falseado algún dato.

La investigación, en auge

Según uno de los detectives, «en la actualidad cuatro de cada cien alumnos que realizan la matriculación falsean los datos». Al respecto, aseguró que este tipo de acciones no es lo más común en el ámbito educativo, pero confirma que los casos se repiten año tras año. «Se llegan a detectar casos fraudulentos en bastantes ocasiones aunque también hay que decir que no es la tónica general», puntualiza este profesional, que investiga casos no sólo de la provincia de Cádiz sino también de otros puntos de Andalucía.

Además, las agencias consultadas por este periódico aseguran que las investigaciones privadas se encuentran en auge, a pesar de que el boom se produjo hace ya unos cinco años. En este sentido, puntualizaron que la mayoría de los casos suelen llegar a partir de la publicación de las listas definitivas en los centros, que será el próximo 29 de abril, ya que no es hasta entonces cuando los padres pueden presentar las alegaciones correspondientes.

Además, estas investigaciones pueden llegar a realizarse con éxito en menos de una semana y los costes varían en función de las dificultades que aparecen durante todo el proceso.

Por su parte, la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía asegura que los padres también tienen la posibilidad de acudir a los centros escolares cuando detectan estas irregularidades, ya que estos tienen la potestad para requerir información y documentos complementarios a los padres que consideren oportuno. Además, las denuncias también pueden realizarse en la propia delegación, que suele poner los casos en conocimiento de las policías locales de los diferentes municipios para que investiguen estos posibles fraudes que se registran durante el periodo de escolarización.

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