La mano negra del Guggenheim

Un piso señorial situado frente al Guggenheim, con un viejo ascensor de vaivenes inquietantes, sirvió de primer cuartel de operaciones para un sueño que empezaba a andar. La decoración interior era elegante y moderna, y tan pronto como se pudo se colocó cerca de la entrada la maqueta del edificio que iba a asombrar al mundo, firmada por Frank O. Gehry.

Corría el año 1992 y por los pasillos de aquel piso iban y venían el máximo responsable del llamado Consorcio Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, Arantxa Odiaga, Roberto Cearsolo y el arquitecto Carlos Iturriaga, además de una secretaria. Vidarte y Odiaga, economista y abogada, respectivamente, procedían del Departamento foral de Hacienda, encabezado entonces por Juan Luis Laskurain, el primer político que con una inusual clarividencia intuyó que un museo al lado de unas aguas aún pestilentes podía sacar a flote una ciudad deprimida.

Del puesto de director gerente en una empresa guipuzcoana llegó Cearsolo, licenciado en la Comercial de la Universidad de Deusto. Miembro de una conocida familia de Elgoibar, tenía experiencia en la asesoría y la auditoría fiscales, por lo que se hizo cargo del control del gasto. Quienes visitaban aquellas estancias, en las que ya se respiraban los nuevos aires de Bilbao, le recuerdan como una persona discreta, a gusto en el segundo plano, que saludaba levantando las cejas.

Entonces tenía poco más de treinta años y se sentía orgulloso de estar en el meollo de un proyecto innovador. Dieciséis años más tarde continúa en el centro, pero ahora es el foco de un escándalo que ha socavado el prestigio del Guggenheim. Cearsolo se jactaba de haber conseguido la 'Q' de Calidad en la gestión del museo y llevaba su apostolado de la excelencia gestora a través de conferencias que daba en distintos foros. Sin embargo, entre 1998 y 2005 se llevó de las cuentas de dos sociedades instrumentales del Guggenheim -la Tenedora y la Inmobiliaria- casi 487.000 euros. Blanco sobre negro: metió la mano al cajón.

La noticia saltó en una rueda de prensa convocada por el único jefe que tenía en el museo; el director general, Juan Ignacio Vidarte. En ella se comunicaba el despido de quien había tenido el control de las cuentas desde antes de la inauguración del museo en 1997, y se adjuntaba una carta del propio Cearsolo a Vidarte en la que explicitaba cada una de las cantidades que había sustraído en siete años de trapicheos.

Según la versión aportada por el Guggenheim, el agujero se descubrió de forma casual. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas había solicitado información el 3 de abril para abrir una auditoría por la pérdida de al menos seis millones de euros en una operación de cambio de divisas realizada en 2002.

En su calidad de director de Administración y Finanzas, Cearsolo era quien solía responder a los auditores. Pero esta vez se encontraba casualmente de baja desde el día anterior -el 2 de abril- y la petición fue a parar a manos del subdirector del área, Andoni Dobaran, que empezó a sospechar al examinar unas transferencias bancarias y la emisión de unos cheques. El todavía director de Administración y Finanzas estaba a punto de caer.

En el primer informe que emitió el Tribunal de Cuentas sobre el Guggenheim, referente a la edificación del museo y a su puesta en marcha y que cubre el periodo de 1992 a 1998, el órgano fiscalizador no advirtió que en ese último ejercicio Cearsolo había emitido tres cheques por un valor superior a 160.000 euros, sus primeras prácticas irregulares.

El ex empleado del museo también pudo sortear el escrutinio del segundo informe, que sólo se fijo en la compras de arte de la Tenedora y dejó de lado el resto de la contabilidad. Según insistió el director general el miércoles, era el propio Cearsolo quien suministraba la información a los auditores, a la vez que alteraba los libros contables y falsificaba la firma de Vidarte para emitir cheques a su favor.

Presión moral

De 48 años, casado y con dos hijos, Cearsolo ganaba 68.520 euros brutos al año distribuidos en 14 pagas a razón de 4.894,36 euros cada una. «Lo más importante es que uno esté tranquilo consigo mismo», decía en una entrevista concedida a El Correo en 2002. Pero algo le inquietaba. «No aguantaba su propia presión moral», añade uno de sus conocidos, un extremo que él mismo reconocía en su carta a Vidarte.

El acusado ha devuelto 287.000 euros a la Tenedora y ha prometido abonar el resto en el plazo de tres meses, lo que de momento dejaría su 'deuda' en unos 190.000 euros. Si fuera encausado, este arrepentimiento se consideraría una atenuante y facilitaría un posible acuerdo sobre la pena entre su defensa, la acusación, el museo y la Fiscalía.