Roca vuelve a prisión por el 'caso Saqueo' ocho días después de recuperar la libertad

Roca ha disfrutado sólo ocho días de su ansiada libertad. Contra todo pronóstico el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dio un vuelco ayer a la situación personal del ex asesor urbanístico en el Ayuntamiento de Marbella, en libertad provisional por el caso Malaya, decretando su prisión provisional bajo fianza de tres millones de euros por su supuesta implicación en el caso Saqueo I en el que se enfrenta a diez años de prisión por la presunta malversación de 26,7 millones de euros de las arcas municipales marbellíes. El motivo, una vez más, el elevado riesgo de fuga ante la inminente celebración del juicio.

El juez Pablo Rafael Ruz ordenó el ingreso de Roca en la cárcel madrileña de Soto del Real pasadas las cuatro de la tarde tras realizar una vistilla que se celebró a instancias del PP -que ejerce la acusación particular- en la que solicitó la prisión incondicional para Roca, una medida a la que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, el PP sostiene la posición del Ayuntamiento, que no es parte implicada en el procedimiento por haberse personado demasiado tarde. El propio Roca también compareció en la vista por orden expresa del juez siendo escoltado por varios agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano.

No es la primera vez que Juan Antonio Roca pisa la cárcel por este caso. En 2002 ingresó durante siete días en prisión provisional que eludió tras pagar una fianza de 450.000 euros. En Malaya ha tenido que depositar un millón de euros para salir en libertad tras dos años entre rejas. Ahora el juez Pablo Rafael Ruz, que sustituye como juez instructor del caso a Juan del Olmo, le pide tres millones si no quiere volver a pisar la cárcel. Se trata de la primera actuación de resonancia pública de este magistrado en la Audiencia Nacional, en la que ocupa desde hace una semana y de manera interina la plaza dejada por Del Olmo.

Paraísos fiscales

El juez explica en su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, que el encarcelamiento cautelar por riesgo de fuga está justificado no sólo por la gravedad de la acusación -diez años de cárcel- y por la cercanía del juicio, sino también por las fundadas sospechas de que Roca oculta importantes cantidades de dinero en paraísos fiscales, lo que facilitaría su huida, y porque el imputado tiene además pendientes un gran número de procedimientos penales por hechos muy graves, 44 según las acusaciones. Sólo en el caso Malaya debe responder de diez delitos diferentes.

El juez de la Audiencia Nacional no ordenó prisión incondicional, como pedían las acusaciones, y dio a Roca la posibilidad de evitarla con el pago de una fianza de tres millones de euros. Justificó la decisión en la larga tramitación de la causa, que dura ya siete años, y en que el imputado cumplió con todas las medidas cautelares que el juzgado le impuso entre 2002 y 2006, hasta que fue encarcelado por la operación Malaya. Respecto a la elevada cuantía recordó la gravedad de los delitos que se le imputan, que Roca tiene un patrimonio de unos 200 millones, según el juez instructor de Malaya, así como amigos y familiares que pueden ayudarle, y que es muy probable que tenga un importante capital oculto y a salvo en el extranjero. Si el presunto cerebro de la corrupción marbellí logra reunir los tres millones saldrá de la cárcel, pero quedará sometido a una serie de medidas de control impuestas por el magistrado: Roca tiene prohibido salir de España, debe entregar su pasaporte, tiene que fijar un domicilio y un teléfono de contacto, y está obligado a comparecer a diario en el juzgado.

Roca tuvo la última palabra. Argumentó que era víctima de un «linchamiento político-mediático» por parte del PP sacando a colación su tan polémica posible reincorporación a empleo en el Ayuntamiento. El PP, por su parte, estaba «moderadamente satisfecho» por el auto judicial. Según Félix Romero, portavoz del equipo de Gobierno, la elevada fianza da «cierta seguridad» de que el Consistorio «llegue a recuperar el dinero robado».