Inquietud nuclear

a fuga de partículas radiactivas en la central nuclear de Ascó durante el llenado de un tanque en noviembre de 2007 ha generado la lógica inquietud no sólo por el incidente en sí, cuya gravedad y alcance resulta necesario determinar con prontitud y precisión. La preocupación obedece también al constatar que en el hecho concurrieron una conducta negligente y su ocultamiento por parte de los responsables de la central, dos de los cuales han sido ya cesados. La parquedad y la reiteración de las informaciones facilitadas por el Consejo de Seguridad Nuclear no pueden ser razón suficiente para poner en duda la veracidad de sus aseveraciones, tendentes a minimizar la alarma suscitada en la población circundante. Pero el mero dato de que se hubiera permitido la salida de las instalaciones de Ascó de un camión de chatarra portador de residuos contaminados, y la extensión a nada menos que 1.600 personas -entre empleados, proveedores y visitantes- los exámenes para evaluar posibles efectos radiológicos han contribuido sin duda al mantenimiento de un clima de preocupación. Ello a pesar de que los primeros exámenes a los alumnos del centro gerundense que visitó la central tras la fuga y a los trabajadores que desarrollan su tarea permanentemente dentro de su recinto tienden a descartar que existan personas afectadas por el incidente en sus condiciones de salud. Es indudable que, en medio de la reanudación del debate público sobre la conveniencia o no de recurrir a la energía nuclear, lo ocurrido en la central de Ascó ha extendido un nuevo manto de sospecha sobre la misma, agravado por los indicios de una conducta guiada por la mala fe por parte de quienes a sabiendas de la fuga no la pusieron en conocimiento del CSN en su momento, y por las incertidumbres que generan hechos ante los que el descarte de sus consecuencias resulta tan difícil de establecer y de transmitir a la opinión pública. Las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad Nuclear podrán convertirse en medidas disuasorias para que nada parecido vuelva a suceder. La denuncia presentada por Greenpeace y por Ecologistas en Acción, de ser admitida por la Fiscalía, podría trasladar el incidente a su enjuiciamiento por los tribunales sin que resulte fácil alegar nada en contra de tal eventualidad.