Prioridades del agua
El consenso general sobre la necesidad de adelantarse al riesgo cierto de que el área metropolitana de Barcelona, con sus cinco millones de habitantes, se quede sin el necesario suministro de agua después del verano parecía haber logrado atemperar las discrepancias suscitadas entre el Gobierno central y distintos ejecutivos autonómicos, entre los partidos, e incluso en el seno de algunas comunidades. Sin embargo, la utilización de términos tan desafortunados como «la guerra del agua» por parte de los dirigentes políticos -incluida la vicepresidenta Fernández de la Vega- demuestra que el desencuentro en política hídrica corre el riesgo de convertirse en el recurso predilecto de la confrontación partidaria en este inicio de legislatura. Las diferencias en cuanto a la disponibilidad de agua que presentan las distintas cuencas y, por tanto, las distintas regiones españolas exigen una acción concertada por parte de todas las administraciones. Una acción que no puede continuar siendo objeto de la maniquea disyuntiva entre el Plan Hidrológico Nacional derogado en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y la puesta en marcha de las desaladoras.
Actualizado: GuardarLa combinación de éstas últimas con trasvases contemplados en el PHN y con el ahorro general de un recurso escaso parecería la fórmula más conveniente si los protagonistas de la trifulca se avinieran al acuerdo.
Siempre dando prevalencia a las necesidades del consumo humano en las áreas urbanas ya consolidadas, al riego agrícola en segundo lugar y, muy en tercer plano, a los proyectos de urbanización futura que deberían estar siempre sujetos a criterios de desarrollo sostenible. Aunque por delante de esta escala de prioridades sería obligado situar los casos de emergencia como el que representa el abastecimiento de Barcelona. La advertencia de los presidentes de la comunidad valenciana y de Murcia de que recurrirán al Tribunal Constitucional si, tras acordarse el minitrasvase hacia la capital catalana, sus comunidades no resultan beneficiarias del agua del Ebro, independientemente de que contribuya a elevar el tono de la disputa, constituye una oportunidad para que el TC concrete el significado constitucional de conceptos como «igualdad» o «solidaridad» en la distribución territorial de los recursos hídricos.
