ETA, economía y agua
Tres retos acuciantes para el nuevo Gobierno: ETA, la economía y el agua. La banda terrorista quiere demostrar su capacidad de matar de la forma más convincente: asesinando, y haciendo explotar artefactos que bien podrían causar un número elevado de muertes. En la reorganización del Ministerio de Interior, aprobaba ayer el consejo el nombramiento del nuevo director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. A sus órdenes están 140.000 personas, agentes de ambos cuerpos, de los que depende en gran medida que la agonía de ETA sea lo más corta posible, y lo menos cruel.
Actualizado: GuardarComo se esperaba desde la campaña electoral, el Gobierno tomó ayer un paquete de decisiones para hacer frente a la desaceleración económica, que se podría seguir llamando así a la crisis, pero siempre que se reconozca que la desaceleración continua termina en parada. Se van a movilizar 10.000 millones de euros, de los que más de mitad se destinarán a la devolución de 400 euros a cada contribuyente. Expertos economistas anticipan que esa medida no va a producir ningún delirio inversor. Pero la ampliación gratuita, y a cargo del Estado, de los plazos de amortización de las hipotecas sobre primeras viviendas sí disminuirá la cuantía de los pagos mensuales, y eso supondrá un cierto desahogo para muchas familias. Se arbitran asimismo garantías de protección a los avances sociales conseguidos hasta ahora, e iniciativas para la formación laboral en otros oficios de los trabajadores expulsados del sector inmobiliario por la crisis de desaceleración.
Y el agua. Se pasa al Rey el decreto que autoriza el traslado de Tarragona a Barcelona, por una tubería de un metro de diámetro y sesenta kilómetros de extensión, del agua sobrante a los regantes del delta del Ebro. Se trataría se trasladar unas sobras, no utilizadas, de agua con destino a regadío, y que Barcelona va a beberse. Y ha estallado la guerra del agua. Es una guerra política o muy politizada, declarada por las comunidades de Valencia y Murcia no contra Cataluña, beneficiaria del trasvasillo que ayer aprobaba el Real decreto sino contra Zapatero, quien estaría negando a los dos territorios de gobiernos soliviantados el agua que el Plan Hidrológico Nacional, archivado hace cuatro años por la Administración socialista, les concedía, para riego y el consumo de la línea casi constante de urbanizaciones que se construyeron en el litoral levantino durante las legislaturas anteriores.
Los misiles de los presidentes Camps y Valcárcel, de Valencia y Murcia respectivamente, apuntan parabólicamente al Tribunal Constitucional, al que presentarán un recurso que acabe finalmente cayendo sobre el presidente Zapatero. Hay que ver como inflama los ánimos la sed, y no sólo la de los ciudadanos individualmente sino la de las urbanizaciones creadas con desprecio urbanístico en aras de las vacas gordas del ladrillo.
