Espinosa reúne a los consejeros para ratificar la política del agua de la pasada legislatura

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se ha reunido con los consejeros de las comunidades autónomas para explicarles que va a mantener la política del agua de la pasada legislatura y que el trasvase del Ebro derogado, seguirá así. Las regiones gobernandas por el PP han mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno aprobada ayer para llevar agua a Barcelona porque, en su opinión, "se da respuesta a una necesidad", aunque reclaman el mismo trato para todos.

La reunión, que ha comenzado pasadas las diez de la mañana, se ha centrado en analizar el decreto-ley aprobado ayer que regula la conducción de agua desde Tarragona hasta la localidad barcelonesa de Abrera. El Gobierno niega que sea un trasvase en contra de la opinión de algunas comunidades autónomas.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Espinosa ha puntualizado que el decreto-ley de ayer es una solución temporal "para unir el periodo que va desde mediados de octubre hasta junio del 2009" cuando entre en funcionamiento la desalinizadora de El Prat.

Un encuentro dividido

Aunque todas las comunidades han respaldado la medida para garantizar el consumo en Barcelona, han sido críticos los representantes de las comunidades gobernadas por el PP y también el consejero de Aragón, Alfredo Boné (PAR), que ha señalado que confía en que todas las autonomías reciban el mismo trato.

El representante del Ejecutivo aragonés que preside el socialista Marcelino Iglesias ha reiterado su oposición a "cualquier trasvase del Ebro" y ha denunciado "la negociación bilateral entre el Estado y Cataluña, sin contar con el resto" de comunidades autónomas. Según ha anunciado, pedirá a la ministra que se busquen "soluciones alternativas" a esta propuesta para abastecer de agua al área metropolitana de Barcelona.

Valencia y Murcia aparcan el recurso al TC

A la reunión han asistido representantes de todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco y Baleares y la ciudad autónoma de Ceuta. Las gobernadas por el PP han plasmado una postura unitaria: consideran que el sentido común ha imperado en la decisión del Gobierno al aprobar el decreto-ley para el abastecimiento de agua a Barcelona, y creen que de esta manera el Ejecutivo "rectifica" su "política errónea" en materia de agua de los últimos cuatro años.

Los 'populares' valoran positivamente que se haya dado "respuesta a una necesidad" que requería una "medida urgente", y ha insistido en que la solución aprobada ayer "nos sitúa en una senda clara de entendimiento y estudio". Para recorrer ese camino, han pedido a Espinosa que "se revise la situación del conjunto de España" y las inversiones que figuraban en el Plan Hidrológico Nacional "se llame como quiera el Gobierno que se llame".

Ha quedado en el aire si Valencia y Murcia presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Según la consejera de castilla y León, María Jesús Ruiz, en la reunión no ha habido referencias a este asunto. Según ha adelantado, el Ejecutivo sí que ha puesto sobre la mesa desarrollar un calendario "ambicioso" en el que se anunciarán próximas reuniones, que espera que se convoquen "en el menor plazo de tiempo posible", ya que ha señalado que se requiere "mucho esfuerzo y mucha inversión" después de un "parón" de cuatro años.