Ampliar el plazo de la hipoteca será gratis
El Gobierno adopta once medidas para animar el consumo y reducir los efectos de la crisis económica
Actualizado: GuardarEl Gobierno aprobó ayer «un primer paquete de medidas económicas» -así lo calificó el vicepresidente Pedro Solbes-, con el que se pretende animar el consumo en un momento de clara desaceleración económica y también poner parches a algunos problemas que genera la tensión en el mercado financiero e hipotecario.
Las once medidas responden a lo que el propio Ejecutivo había desgranado ya días atrás, si bien contiene dos novedades importantes: la eliminación definitiva del Impuesto de Patrimonio con efectos desde el 1 de enero de este año y la posibilidad de ampliar el plazo de las hipotecas de forma gratuita. Una opción esta última que inicialmente sólo se contemplaba para las familias que atravesasen dificultades, pero que el Ejecutivo ha decidido extender con carácter universal para evitar complicados controles administrativos.
El vicepresidente Solbes aseguró que supone la inyección directa de unos seis mil millones de euros -2.225 de forma casi inmediata, a finales de junio y el resto repartido en los seis meses restantes hasta que acabe el año-, así como asumir el riesgo presupuestario sobre otros 4.000 millones más, destinados a la concesión de avales.
Oxígeno al crecimiento
Según las estimaciones del vicepresidente, este esfuerzo de las arcas públicas tendrá un impacto directo sobre el crecimiento del PIB de dos o tres décimas, aunque en realidad el Ejecutivo espera que su eficacia sea mayor, al activar el consumo y contribuir también al mantenimiento de puestos de trabajo.
El Gobierno confía en que la devolución de 400 euros del IRPF a todos los trabajadores por cuenta ajena, pensionistas y profesionales autónomos, contribuya a generar un efecto sicológico positivo y contrarrestar, al menos en parte, la sensación de que la economía se viene abajo. La Seguridad Social y las empresas serán los principales gestores de esta medida, ya que los contribuyentes cobrarán 200 euros a finales de junio, en la pensión o en la nómina de ese mes y los 200 restantes repartidos en los seis meses siguientes. El pago de junio se hará como devolución de una parte de las retenciones practicadas hasta ahora.
Buena parte de las decisiones adoptadas ayer por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero demuestran la preocupación del Gobierno por lo que está sucediendo en el sector inmobiliario y en el financiero.
Así, no habrá inyección directa de dinero en el sistema bancario -eso no es competencia del Gobierno- pero sí se concederán 4.000 millones de euros en avales. La mitad tiene como objetivo respaldar créditos a pequeñas y medianas empresas y los 2.000 restantes la financiación de viviendas de protección oficial. La medida reactivará el crédito bancario, aunque sea de forma parcial, al introducir garantías de recuperación de estos préstamos. También se pretende mejorar la situación de liquidez de las empresas, con una auténtica revolución en el mecanismo de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que a partir del próximo mes de enero se realizará con carácter mensual para las que lo soliciten. Hasta ahora debían esperar entre seis y 18 meses para recuperar ese dinero.
Sin comisiones
La posibilidad de ampliar los plazos de las hipotecas de forma gratuita, eliminando los gastos fiscales, de notaría y registro de estas operaciones, tienden también a solventar los problemas que pueden encontrarse algunas familias para hacer frente a sus obligaciones crediticias, si se produce la perdida de empleo de algunos de sus miembros. El Gobierno ha pedido a las entidades financieras que apuesten decididamente por esta opción -también tendrán que ceder las comisiones que aplicaban a estas operaciones-, para reducir al máximo los efectos de la crisis. En la práctica, una medida similar a la que ha puesto en marcha el Gobierno norteamericano, para impedir un aluvión de ejecuciones hipotecarias.
El vicepresidente reiteró que llamará a los interlocutores sociales en las próximas semanas, como ya avanzó Zapatero en su discurso de investidura, para iniciar un proceso de diálogo que conduzca a la adopción de medidas, quizá, de mayor calado que las que se acaban de aprobar.